La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Lo reconoce así nuestra Constitución. Sin embargo, este derecho no es ilimitado. Primero porque hay que ponerlo en conexión con otros derechos constitucionales protegidos. Segundo, porque éticamente no sería aceptable que se utilizara su ejercicio de forma abusiva. En este sentido se discuten diversas situaciones, como la libertad de trabajo de los que no quieran sumarse a la huelga, o la de los ciudadanos, cuando se trata de huelgas que afecten a servicios públicos. En cualquier caso, hay suficiente normativa y jurisprudencia en la que se contempla bastante casuística al respecto. También regulaciones especiales tendentes a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad. Pero lo que creo que más interesa ahora no es tanto el concepto jurídico de la huelga, sino el debate respecto a la legitimidad moral de los sindicatos para convocar huelgas generales. También cuál sería el comportamiento más coherente de los trabajadores.
Históricamente la huelga tiene sus orígenes en la Revolución francesa de 1789, aunque es en la Revolución industrial, a la par de la creación del movimiento sindical, donde conoció su desarrollo más completo. Son los conceptos de lucha de clases y de trabajo asalariado, los que darían sentido a la huelga. Tanto los movimientos marxistas, como los anarquistas, y posteriormente todas sus derivaciones, analizaron la situación de las clases trabajadoras en la Revolución industrial desde la perspectiva de la existencia de una clase que trabajaba y que producía una plusvalía, que se apropiaba otra clase, la capitalista. Desde este punto de vista, la lucha de clases se entendía como algo legítimo y consustancial al movimiento obrero. Es más, el concepto de materialismo histórico de Karl Marx y Engels, llevaba a considerar la historia como algo científico, que evolucionaba con arreglo a la lucha de clases. Por esto se pensaba que dicha lucha llevaría a una fase posterior en la que se superaría el capitalismo y se construiría una sociedad sin clases sociales.
Pero esto eran las ideas utópicas de unos intelectuales bienintencionados. El problema surgiría cuando se pretendió llevar a la práctica. Sin embargo, una interpretación más laxa y pragmática de estos ideales la llevaron a cabo los socialdemócratas. De lo que se trataba no era tanto de hacer la revolución, sino de evolucionar dentro del propio sistema capitalista, adoptando medidas que mejoraran la situación de los trabajadores. De esta forma, las luchas obreras del siglo XIX y XX, combinadas con las reformas propugnadas desde el poder, unas veces por los partidos socialdemócratas y otras, también, por los conservadores, han ayudado a construir lo que se conoce como Estado del Bienestar, el Welfare State inglés, o incluso el New Deal americano. En este contexto de mejoras sostenibles de las condiciones laborales, ya no sólo se replantea el derecho de huelga, sino también la propia necesidad de los sindicatos, o la existencia de clases sociales. Las actividades ligadas al ocio, o a las religiones, ocupan lo que antes era patrimonio del movimiento político y sindical de la clase obrera. Sin embargo, este Estado del Bienestar se ha desarrollado, casi exclusivamente, en el denominado primer mundo. El problema es que las otras dos terceras partes de la humanidad viven y trabajan en condiciones extremas. Como en los primeros años de nuestra Revolución industrial. La globalización está propiciando que muchos de estos países salgan de su pobreza, pero también está produciendo un efecto perverso, pues muchos de los derechos conseguidos en los países más avanzados se están poniendo en duda. La excusa es la rentabilidad del capital. La razón principal es la ilimitada codicia de unos cuantos, que ven la posibilidad de ganar mucho y en poco tiempo, invirtiendo en aquellas zonas en las que los salarios sean más bajos y los derechos laborales menos desarrollados. Y en este contexto es en el que se están planeando la mayoría de reformas de los sistemas laborales y de protección social de la Europa más desarrollada.
¿Qué hacer?. Evidentemente, para las fuerzas más reaccionarias de la sociedad, casi siempre ligadas a los grandes capitales, las organizaciones sindicales, instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores, son los elementos a batir. Por eso los furibundos ataques a sus sistemas de financiación, o a sus métodos de trabajo y organización interna. Pero los sindicatos han de plantearse el debate en otros términos.
En primer lugar, es necesario tener claro, como decía días atrás un responsable sindical, que los sindicatos de clase no plantean las huelgas contra los gobiernos, sino contra aquellas medidas adoptadas por los gobiernos, de uno y otro signo, que perjudican a los trabajadores. En segundo lugar, es preciso y urgente iniciar un proceso de debate interno que sea capaz de redefinir el espacio y la función que han de cumplir los sindicatos en la sociedad de la comunicación y de las nuevas tecnologías. En tercer lugar, debe potenciarse su perspectiva internacional. Hoy más que nunca tienen sentido aquellos históricos llamamientos al internacionalismo proletario. O nos concienciamos de que el planeta es de todos, o no habrá planeta para nadie. Y evidentemente, si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Tampoco los tertulianos de los medios de comunicación ligados a las grandes fortunas.
