La dilatada historia de Ceuta ha permitido el atesoramiento de un rico y variado patrimonio cultural tanto en tierra, como en el mar que nos rodea. Buena parte de estos vestigios de nuestro pasado ha generado un valioso registro arqueológico cuyos niveles más antiguos han sido alterados por las ocupaciones humanas posteriores. Sin embargo, buena parte la destrucción de los niveles arqueológicos hay que achacarla a la rápida expansión urbana de Ceuta que se aceleró a partir de principios del pasado siglo. Por aquel entonces, la conciencia sobre el valor documental y cultural del patrimonio cultural no había alcanzado, en nuestra ciudad y tampoco en el resto del país, el grado de madurez suficiente para que las autoridades adoptasen medidas tendentes a su protección, conservación y documentación científica. Esta toma de conciencia ha sido lenta y todavía no ha alcanzado un nivel satisfactorio, razón por la que la situación de nuestro patrimonio cultural sigue siendo penosa, en términos generales.
No seríamos justos si no valorásemos de manera positiva la recuperación de buena parte del Conjunto Monumental de las Murallas Reales, el cubrimiento de la basílica tardorromana, la restauración de los baños árabes de la Plaza de la Paz o los trabajos de investigación y adecuación para la visita de la puerta califal. Con todas las objeciones que podríamos hacerles a algunas de estas actuaciones, no cabe duda de que han supuesto un gran esfuerzo económico y la plasmación de cierto grado de voluntad política. No obstante, ha faltado y sigue faltando en la gestión política de nuestro patrimonio cultural un proyecto claro y riguroso para garantizar el cumplimiento legal, y diríamos también moral, de velar por la conservación del legado patrimonial heredado de nuestros antepasados.
Si hacemos un balance general de las principales líneas de actuación política desde la restauración democrática en España y por ende en Ceuta, no creo que haya muchas dudas en señalar que el área más mimada ha sido el sector del urbanismo y la construcción. Este sector y el turístico han ido de la mano para actuar como el motor de la economía española. Las cantidades invertidas en ladrillos y losetas resultan descomunales si las comparamos con lo dedicado a la conservación del patrimonio natural y cultural. El tsunami de cemento y hormigón se ha llevado por delante una parte importante de nuestros bienes culturales y ha alterado para siempre los paisajes de nuestras costas, montes, pueblos y ciudades. El río de dinero que ha movido la construcción ha desembocado en las cuentas de beneficios de grandes empresas, en la financiación de partidos políticos y en los bolsillos de un abultado número de políticos corruptos.
Las estructuras de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas son fiel reflejo de la importancia concedida al ladrillo por nuestras excelsas autoridades. Mientras que la plantilla de técnicos en los departamentos de urbanismo y obras públicas se cuenta por decenas o centenas, en los de patrimonio suman cero o escasas unidades. La desigualdad de atención y poder entre las áreas de urbanismo y patrimonio cultural es más que notoria y significativa. Desde nuestro punto de vista, el mencionado desequilibrio indica a las claras la importancia que las autoridades conceden a una u otra causa: la de los intereses del ladrillo o la de la preservación del patrimonio cultural. La discrepancia entre los planteamientos de los que se preocupan de la conservación del patrimonio y los de quienes solo ven en el territorio oportunidades de enriquecimiento personal es difícil de conciliar.
Con la Constitución y la Ley del Patrimonio Histórico Español en la mano, se supone que son las autoridades competentes en materia patrimonial las encargadas de garantizar la protección y conservación de los bienes culturales, sobre todo de aquellos que han sido declarados Bien de Interés Cultural. El caso de Ceuta es bastante singular por muchos motivos. Uno de ellos es la altísima concentración de elementos que gozan del máximo grado de protección del patrimonio. No menos reseñable es que la mayor parte de estos bienes inmuebles sean de propiedad militar y, por tanto, según el real decreto de traspaso de competencias en materia de cultura, su tutela siga siendo de exclusiva competencia estatal. Cabe también mencionar que en los últimos años se han traspasado la titularidad de algunos de estos bienes culturales pertenecientes al Ministerio de Defensa a la Ciudad Autónoma de Ceuta, por petición de esta última. Este es el caso del fuerte de San Amaro o los fortines neomedievales de Sierra Bullones. La justificación de estas solicitudes era la firme voluntad de intervenir en ellos para restaurarlos y darles distintos usos compatibles con su nivel de protección jurídica. Sin embargo, han pasado los años y estos dulces regalos se han transformado en manzanas envenedadas para los responsables de turno de la Consejería de Educación y Cultura.
Nos consta que los Consejeros del área cultural de los últimos años, y el propio Gobierno de la Ciudad, reconocen que el patrimonio es uno de sus grandes talones de Aquiles. El estado de abandono, degradación y ocupación ilegal de muchos inmuebles declarados Bienes de Interés Cultura ocupa muchos titulares de prensa y esto incomoda a nuestros gobernantes, ya que pone entredicho su gestión y afea su imagen política. Por otro lado, y en lado positivo, estas críticas obligan al propio gobierno a incrementar los presupuestos dedicados a la recuperación de nuestro patrimonio. En cualquier caso, no parece que los continuos toques de atención respecto al patrimonio anime al gobierno de la Ciudad a elaborar un plan general de Bienes Culturales similar al que desde hace varias décadas revisa y aprueba nuestra vecina Comunidad Autónoma de Andalucía. Tampoco sirven para algo tan sencillo como llevar a Pleno la aprobación de unos planes especiales de protección de algunos de los conjuntos históricos declarados en Ceuta redactados hace años y que permanecen guardados en los cajones, no se sabe muy bien por qué motivo. Intuimos que es la misma razón por la que seguimos con un Plan General de Ordenación Urbana con cerca de treinta años de antigüedad. Al Gobierno de la Ciudad no le gusta verse encorsetado por planes y normas urbanísticas que limitarían la ejecución de los caprichos megalómanos de su Presidente o de los propósitos de ciertos influyentes promotores inmobiliarios de la pequeña, dulce y marinera ciudad de Ceuta.
Si es verdad que les importa la conservación del patrimonio cultural ceutí aprueben de una vez por todas los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos que aún tienen pendientes desde hace cerca de veinticinco años. Se trata de una obligación legal que llevan incumpliendo de forma descarada sin que se les caiga la cara de vergüenza. En el mismo sentido les instamos a que redacten un Plan General de Bienes Culturales serio y riguroso que pueda poner encima de la mesa del gobierno central para que asuma sus responsabilidades, que no son pocas, en materia de protección, conservación y disposición de los medios para que los ciudadanos puedan disfrutar de su patrimonio cultural. El Ministerio de Defensa como propietario de una buena parte de los inmuebles declarados BICs y el Ministerio de Cultura y Deporte como autoridad competente en la tutela y gestión de estos elementos patrimoniales no pueden seguir mirando para otro lado como si la conservación de estos bienes no fuera con ellos. Es su obligación mantener estos edificios y poner los medios humanos y económicos para lograr su preservación futura. Cada uno debe asumir su parte de responsabilidad y lo conveniente sería que tanto Ciudad como Gobierno Central se sentaran a negociar y buscar los medios para que el patrimonio ceutí deje de estar abandonado a la suerte de los vándalos o el deterioro que acompaña el paso del tiempo. España va a recibir una cada ingente de dinero de la Unión Europea para reconstruir la economía sobre los cimientos de la sostenibilidad. Es una magnífica oportunidad para restaurar nuestro maltrecho patrimonio natural y cultural.