La Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos será ahora la que tramitará la posible detracción de sus nóminas de las multas con las que fueron sancionados tres agentes de la Policía Local de la Unidad de Intervención Rápida (UIR), por sentencia judicial, por los hechos ocurridos hace unos años en el Poblado Marinero y que han sido abonadas directamente por la Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo. Un total de 17.000 euros.
Según señaló en la jornada de ayer la portavoz adjunta del Gobierno, Mabel Deu, en la sentencia se decía de manera clara que el Ayuntamiento era responsable subsidiario en esta sentencia por pertenecer los condenados a la Policía Local. Explicó Deu que los mismos habían presentado ante el Juzgado una declaración jurada donde decían que en estos momentos les era imposible el abono de estas sanciones pecuniarias, con lo cual antes que el propio Juzgado solicitar a la Ciudad este abono de manera subsidiaria, se firmó el decreto para su tramitación. De todas maneras, ahora el expediente ha pasado a la Consejería, que tiene responsabilidad en materia de Recursos Humanos y será la misma quien determinará lo que se debe hacer a este respecto para el abono de las cantidades.
