El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como Presidente del Consejo de Estado debido a que no consta su prestigio como jurista, requisito indispensable por lo que la ha privado de tan honroso como suculento cargo con la categoría de Ministro. Para ser reconocido como jurista de reconocido prestigio, se me ocurre que ha de ser un abogado con muchos años de experiencia en su carrera, bien en la abogacía como en la judicatura o en el Ministerio Fiscal, por ejemplo 15 años, y que hubiese participado en conferencias, escrito libros, artículos, impartido clases, ejercido la abogacía o la magistratura y además ser reconocida su valía por los profesionales de su entorno. Dentro de esos ámbitos, todo el mundo reconoce a una persona de “reconocido prestigio” y el TS ha tenido suma facilidad en desechar a la tal Valerio por su falta de prestigio. El prestigio se gana con los hechos y al no haberlos el Tribunal enseguida ha colegido que Doña Magdalena no era la persona idónea para ese cargo al que había sido nombrada por el Felón mendicante. Enfadada Doña Magdalena tiene la intención de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional donde mora el del barro del camino y las togas, que según dicen aprueba todo lo mandado por el Felón mendicante, aunque ya sea cual sea la sentencia de ese tribunal político y sin la categoría jurídica del Supremo, está claro que Doña Magdalena carece del reconocido prestigio como jurista. Una vez descolocada, la expresidente no tuvo más remedio que despedirse de la institución que ha presidido durante año y medio, desde noviembre de 2022, asegurando tener «la conciencia muy tranquila por la labor desempeñada». Entre los consejos que ha dado durante su corta travesía se encuentra el recurrente: «Necesitamos una nueva gobernanza inclusiva, transparente, eficiente y orientada a los resultados y a su impacto para resolver los problemas sociales». La señora Valerio, además ha sido recompensada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, otorgada por el Ministro del Interior “ en atención a los méritos y circunstancias que concurren», según el Real Decreto 763/2023 y la Gran Cruz de la Justicia Social, la mayor distinción que otorga anualmente el Consejo General de Graduados Sociales de España, con el informe favorable de la Fundación Justicia Social. Así es que en España, a pesar de no reconocer prestigio, somos la mar de dadivosos.
El Supremo también ha anulado los nombramientos de la ex fiscal general Dolores Delgado y del fiscal de menores Eduardo Esteban, en unos puestos inadecuados para su experiencia. Estos últimos también recurrirán al del barro y las togas (léase Constitucional) que al parecer ya ha dado garantías al Ejecutivo (léase Felón mendicante) de que admitirá a trámite los recursos de anulación (léase que los proveerá en su cargo).
Mientras tanto, el Felón mendicante ya ha nombrado a otro personaje de “reconocido prestigio” como Presidente del Consejo de Estado, la tal Carmen Calvo. Esta sí sabe de leyes , aunque las desconoce, ya que siendo licenciada en Derecho, aprobar un Doctorado y dado clases de Derecho Constitucional como profesora titular, expele dentro de su magistratura una perla como “el dinero público no es de nadie”, por lo que a su desconocido prestigio como jurista se une el conocido desprestigio como conocedora de la cosa pública. El “prestigio” como jurista la señora Calvo lo avala además con una tesis doctoral en la Universidad de Córdoba en 1987 sobre ”El derecho de enmienda en la producción de ley”, ya encaminaba sus ideas como jurista al intentar poder cambiar las normas sin dejarlas madurar, todo ello con179 erratas y 30 faltas de ortografía de la egabrense, que carece de publicaciones en revistas científicas, por lo que en el terreno del Derecho que es su “fuerte”, hace menos de tres años, en el Congreso aleccionó a un senador independentista: «Cuando usted habla de la amnistía, la única respuesta es que no es planteable” . Luego amplió la lección en una entrevista radiofónica: «La amnistía está prohibida en nuestra Constitución.
“Para ser reconocido como jurista de reconocido prestigio, se me ocurre que ha de ser un abogado con muchos años de experiencia en su carrera, bien en la abogacía como en la judicatura o en el Ministerio Fiscal, por ejemplo 15 años, y que hubiese participado en conferencias, escrito libros, artículos, impartido clases, ejercido la abogacía o la magistratura y además ser reconocida su valía por los profesionales de su entorno”
Absolutamente prohibida. Y en todas las democracias. Ninguna democracia contempla las amnistías». Sin embargo a la ahora presidente del Consejo de Estado, a la pregunta de un periodista sobre si la amnistía cabe o no en la Constitución contestó: «En nuestra democracia y en cualquier otra está contemplada la amnistía». Ya se sabe que los socialistas no mienten, simplemente cambian de opinión, pero esta señora sin embargo considera que no ha cambiado de opinión: “Sigo pensando lo mismo que antes, que el indulto generalizado que planteaba el independentismo hace más de dos años era inconstitucional porque no planteaba el acotamiento de un espacio y de unos delitos y lo que se está planteando ahora es una amnistía que está prevista en cualquier democracia, también en la nuestra". La nueva presidente del Consejo de Estado para mantener su tesis diferencia entre el “indulto (parcial), que otorga el Gobierno todas las semanas, y la amnistía, que la tiene que otorgar la mayoría del pueblo soberano, representado en las Cortes generales, siempre que ésta se refiera a un periodo de tiempo (...), unos delitos, un tiempo y unas circunstancias" antes de añadir que “nuestro estado de derecho contempla la amnistía y el indulto parcial.” Lo que no es cierto, nuestra Constitución, además de señalar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en las Cortes generales, prohíbe los indultos generales y en ninguna parte de su articulado permite la amnistía. Pero los socialistas no pueden vivir sin la mentira, es su oxígeno, esta ex vicepresidente del Gobierno que habla mucho y dice poco tampoco está considerada en el “gremio” como “jurista de reconocido prestigio”, como a la vista de lo citado no podía ser de otra manera.
El prestigio profesional se alcanza a lo largo de muchos años de aprendizaje, en cualquiera de las ramas de actividades de la vida, salvo las excepciones de un Mozart o un Miguel Ángel, pero no estamos hablando de genios. Cualquier profesional sea de la Hacienda Pública, de la Diplomacia, de la Judicatura o de la Medicina, por ejemplo, necesita muchos años de estudio y aun así no todos llegan a ser considerado un buen hacendista un buen diplomático, un buen jurista o un buen cirujano. El estudio es duro, muy duro, pero tiene unas compensaciones intelectuales superiores ,que para algunos, ameritan su esfuerzo.
Y no es necesario siempre ascender al “reconocido prestigio”, que concede un aura de distinción, de autoridad y de calidad, salvo para las primeras autoridades del Estado donde por ley es exigible; a los políticos, por ejemplo, para la gestión de la cosa pública creo que sí deben gozar del reconocimiento como un buen profesional, con ello es suficiente . Con estos profesionales nos ahorraríamos, también por ejemplo, la vergüenza de publicar una ley del “Solo sí es sí” que ha puesto en la calle a cientos de violadores. En la actualidad no solo no se respeta el caso de los puestos en los que por ley se exige que la persona para su nombramiento tenga que tener el requisito del “reconocido prestigio”, es que no se tienen en cuenta ningún tipo de conocimientos no importa la carrera profesional, méritos, experiencia, conocimiento del tema a dirigir, tengo amigos muy valiosos y respetados en sus respectivas profesiones, pero a ninguno le pondría, dado el caso, a dirigir una orquesta, por pequeña que fuera, y es que importaría simple y llanamente el sentido común. En general los partidos y en particular el socialismo comunista gobernante han venido a barrenar cualquier mota de esfuerzo, anteponiendo la entrada en la militancia de partido sobre cualquier otro mérito. Ni los estudios, ni la vocación profesional, ni los logros profesionales merecen la pena al lado de los años de militancia y servilismo en un partido político. El deterioro de la democracia española es causa y consecuencia de la degradación del concepto de prestigio en ámbitos como la política, la administración y la academia, y todo ello va a conducir al lago cenagoso de la corrupción. Está siendo llamativa la corrupción en el nombramiento continuado de embajadores como si el puesto fuera un premio por los servicios prestados al sanchísmo en lugar de un lugar de trabajo en pos de los intereses generales de España ¿O no es corrupción nombrar embajadores a personajes que nunca han conocido un ápice de lo que son las relaciones internacionales y desconocen las instituciones en la que son representantes en nombre del Reino de España? ¿No es escandaloso que el tal Ximo Puig sea nombrado Representante Permanente en la OCDE, o que el bailarín , el tal Iceta, sea nombrado con el mismo cargo en la Unesco, y así podríamos continuar. ¿Pero éste Felón conoce el esfuerzo y la experiencia y el conocimiento en las relaciones internacionales que tienen que hacer los miembros de Cuerpo Diplomático para llegar a ser Embajadores? Y no solo escandaloso sino una corruptela agrandada por el solo hecho de tener que colocarlos, a modo de compensación amistosa, sin importar méritos, conocimientos o trayectoria. Y el ministro del ramo, el tal Albares, en estos casos ¿solo sirve para obedecer?, un esclavo, un siervo, un amigo, un cliente, un pobre hombre, puesto que es quien propone a los embajadores y la ley 3/15 reguladora del Alto cargo en la Administración General del Estado establece en su artículo 2: “El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo”.
“Siendo licenciada en Derecho, aprobar un Doctorado y dado clases de Derecho Constitucional como profesora titular, expele dentro de su magistratura una perla como “el dinero público no es de nadie”, por lo que a su desconocido prestigio como jurista se une el conocido desprestigio como conocedora de la cosa pública”
El reparto de cargos se sucede en cualquier sector del sector público. El caso más claro ha sido el del anterior presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, quien habiendo dejado una deuda millonaria y suponiendo que ha sido sustituido por su ineficacia, inmediatamente vuelve a ser nombrado director de otra empresa pública. En la Administración Pública ahora vale todo anteponiendo la militancia partidista sobre cualquier otra consideración lo que ha derivado en graves consecuencias: además de la colonización ideológica, las instituciones han sido infectadas de activistas ineptos e inanes, sólo válidos para propagar mantras del respectivo partido cuyo alcance y significado ni comprenden. Por eso en España se aprueban leyes que, aunque estaban llamadas a agravar las penas a los violadores, los acaban beneficiando, o que incrementan el precio de los alquileres cuando se suponen que venían a garantizar el derecho a la vivienda.
Así se llega, al no haber atendido en cada caso al mérito y experiencia al culmen de la corrupción al haber sobresalido en la superficie de la corrupción los negocios de la mujer del presidente y la banda del tal Koldo. Ahora se ha sabido que la señora de Sánchez cuando dirigía el África Center del Instituto de Empresa, se reunió con Javier Hidalgo directivo de Globalia (donde se integra Air Europa), que firmó un convenio de colaboración con Begoña Gómez para financiación de tal trampantojo, lo que le permitió realizar múltiples viajes así como un acto en Londres. Curiosamente semanas después , el Consejo de Ministros acordó el rescate de Air Europa (créditos y avales por importe de 1.100 millones), mientras el tal Pedro, su marido, interviene en el Consejo de Ministros que concede las ayudas en contra de lo establecido en la ley 3/2015 que regula los conflictos de intereses y exige a los miembros del Gobierno abstenerse en aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus cónyuges y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo . Las relaciones de la mujer del Felón mendicante con su África Center y Globalia, así como la regalía a Begoña Gómez de la dirección de la Cátedra Extraordinaria de “Transformación Social Competitiva” de la Universidad Complutense de Madrid sin tener una licenciatura universitaria, puesto que la ha llevado a participar en algunos foros con empresarios, que lógicamente ven en ella una línea directa con su marido, el presidente del Ejecutivo, así como las reuniones con Víctor Aldama, comisionista de la trama de corrupción , presunto cerebro, y en nómina de la aerolínea, es necesario que sean aclaradas inmediatamente, o algunos pensarán que la conquista del poder por Sánchez también lo es para su enriquecimiento personal. Y es que Sánchez, para ello, ha echado mano continuamente del reconocido desprestigio de su banda.