El Tribunal Supremo inadmite el incidente de nulidad promovido por la Ciudad de Ceuta tras la sentencia del pasado 6 de noviembre, también de este mismo órgano, donde se le indicó que los miembros del Gobierno, tanto consejeros como
viceconsejeros, tenían que ser miembros electos.
Tras dicha sentencia, la Ciudad anunció que recurriría, por lo que una de las acciones legales que promovió fue este incidente de nulidad al recurso de casación que en su día se presentó contra la sentencia, del mismo parecer, que dictó el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.
“Se impone la inadmisión de este incidente de nulidad de actuaciones, aplicándose la regla establecida por el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque no se da ninguno de los supuestos en que, por excepción cabe tramitarlo y resolverlo”, se exponía en esta nueva resolución.
La Sala argumenta que, pese a que el escrito promovido replantea el debate desarrollado en el proceso y por el cual el Tribunal Supremo aplicó la sentencia, vuelve a aludir al artículo 140 de la Constitución según el cual los municipios han de ser gobernados por los vecinos o por quienes ellos elijan.
Asimismo, detalla que el escrito de promoción introduce argumentos nuevos que no se hicieron valer con anterioridad, “pese a haber podido invocarlos”, como es el caso relativo a las posibles dificultades para reunir miembros del Gobierno, que en este caso “no son idóneos para fundamentar la pretensión de nulidad de la sentencia”.
UGT, que ha dado a conocer lo que considera un “nuevo varapalo” para el Gobierno local, se congratula de este nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo y “esperamos poder seguir reduciendo la corte de altos cargos en lugar de invertir en plantilla en beneficio de los ciudadanos”, apostilla el sindicato.
Desde la central reiteran que la sentencia del Tribunal “era clara y rotunda”, por ello este incidente de nulidad que promovió el Gobierno “ha quedado desmontada por el Tribunal Supremo”.
“Lo único que lamentamos es que las ingentes retribuciones cobradas de forma ilícita por todos estos cargos no electos no tengan que ser devueltas por los que las han percibido, o en su caso por el bolsillo particular de los que han ido realizando estos nombramientos”, considera UGT.