El letrado de la
Ciudad ha cerrado este martes a última hora de la tarde la que presumiblemente habrá sido la
penúltima sesión del
juicio del
'caso Emvicesa', que debería terminar este miércoles con las exposiciones de conclusiones finales de las
defensas de Susana Román, Rabea Mohamed,
Mohamed Ali y Antonio López. El abogado de la administración ha rechazado con firmeza la
reclamación del pago de 1,8 millones de euros (inicialmente pedían diez) a los mandantes de la acusación particular, alrededor de una quincena de integrantes de
la 'lista fantasma'. Desde su punto de vista el silogismo de esa parte es simplemente “absurdo”, ya que atribuyen un ilícito a la elaboración de dicha relación de nombres y, al mismo tiempo, reclaman una compensación y resarcimiento por un “daño moral” por no habérsele dado validez. “No se ha acreditado daño ni perjuicio y no pueden ser considerados víctimas”, ha resumido Luis Ragel. Los abogados de los cinco trabajadores de Emvicesa procesados han apelado al cumplimiento de órdenes jerárquicas sin la consideración de funcionarios para defender también que no existe prueba alguna en forma de escuchas o correos electrónicos “en plena vorágine de adjudicaciones” de su participación en actividad delictiva alguna.
“Ha quedado acreditado que otros empleados acudieron a trabajar en jornada de tarde y no se puede exigir a los acusados la parte estrecha del embudo y a la asesora jurídica la ancha cuando ella era la encargada de hacer advertencias de legalidad”, han comparado. Desde su punto de vista “es un hecho constatado” que lo hicieron “correctamente” con las 225 VPO de Loma Colmenar, que no recibían los acuerdos de la Comisión Local de la
Vivienda. Igualmente han alegado que la figura de los controvertidos 'compromisos' que manejaban “es absolutamente legal”. Varias defensas de supuestos 'clientes' han visto endeble la argumentación de la Fiscalía para decantar una condena entre hecho constatados y “especulaciones” o han repudiado que por la vía de la conformidad algunos acusados puedan salir con penas inferiores a las de otros por supuestas conductas menos graves. La del exdelegado de la Comisión Islámica de España en Ceuta, Laarbi Maateis, por ejemplo, ha remarcado que es inviable basar una condena en el hecho de que hubiese llamado a López (“para hablar de dos familias que vivían en el cementerio musulmán”) o su hija apareciera en la 'lista fantasma'.