Llevamos varias semanas discutiendo sobre el fin que deben tener los 25 millones de euros que recibirá la Ciudad Autónoma por parte de la Administración General del Estado dentro del fondo extraordinario no reembolsable. Mientras que el Gobierno del presidente Vivas defiende, desde el primer minuto, que ese dinero se puede gastar en las necesidades presupuestarias que se establezcan en función de los criterios que marque el Ejecutivo autonómico, los partidos de la oposición quieren que sirvan para mejorar aspectos sanitarios y educativos en Ceuta. Sin embargo, el Real Decreto Ley que se aprobó en la jornada del martes durante la celebración del Consejo de Ministros, deja bien claro esa libertad para su inversión. Poco partamos de un pensamiento que es muy claro: si el Gobierno de Sánchez hubiera querido mejorar la Sanidad y la Educación en Ceuta, que son competencia exclusiva de la Administración General del Estado, aunque el Gobierno autonómico siempre mantuvo la mano tendida y en sus presupuestos siempre aparecieron partidas que lo demuestran, lo tenían muy fácil. Para ello no hace falta que le envíen dinero a la Ciudad Autónoma sino incrementar los presupuestos del Ingesa y de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El Real Decreto Ley manifiesta que esos fondos son para compensar los gastos que los Gobiernos autonómicos han tenido durante estos tiempos de lucha contra la pandemia en todos los sectores. Por tanto, es hora de dejar de discutir sobre ello y quizás de reforzar las negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo sobre una nueva estructura económica para nuestra ciudad que se necesita con la mayor rapidez posible.
