La entrada masiva de miles de marroquíes en Ceuta a finales de julio hizo aflorar uno de los relatos más duros, el que tenía que ver con niñas y jóvenes marroquíes que eran víctimas de agresión sexual.
Sobre la mesa se ha expuesto un problema, una traba: en muchos de los casos, a pesar de existir denuncia, no se ha podido dar con el agresor.
La Policía Nacional fue encomendada a investigar los hechos nada más que se tuvo conocimiento de la iteración de casos. La UCRIF llegó a controlar los espacios más próximos a la población migrante antes de que se levantaran asentamientos en barriadas que terminaron siendo su núcleo protector.
Los primeros días de la avalancha fueron los peores. Sobre el papel se contabilizan 13 casos judicializados relacionados con este delito, con agresiones sexuales. El número es mayor, pero no se registra de forma oficial si no existe denuncia.
Tal y como han informado fuentes judiciales a este periódico con los datos actualizados, a fecha de este mismo miércoles, se habían iniciado 13 diligencias previas con un total de 14 víctimas. Bajo investigación está otro caso conocido en la noche de este miércoles, una presunta agresión sexual a una chica que presenta discapacidad.
De las 14 víctimas, 12 son marroquíes. En el caso de agresores, solo se ha podido identificar y por tanto detener a 4, dos de ellos españoles. De esos 4, dos se encuentran en estos momentos en prisión provisional investigados por agresión sexual.
Los datos evidencian la auténtica traba existente en las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo: en la mayoría de esas agresiones sexuales no se pudo dar con el autor de las mismas. Si no hay autor conocido, si no se logra su identificación, la consecuencia inmediata es el archivo.
Entre los casos más graves que se han judicializado, al margen de la agresión a una chica con discapacidad que se está investigando, se encuentra una con penetración sobre una menor a la que además se le instaba a vender droga.
El Consejo General del Poder Judicial anunciaba esta misma semana un refuerzo específico en el juzgado para atender el repunte de este tipo de sucesos, los más graves dentro de la hilera de casos a los que se ha tenido que enfrentar el poder judicial tras la entrada masiva de inmigrantes.
A los casos asociados a estas agresiones se suman las lesiones, riñas tumultuarias y robos que se han denunciado y han derivado en una intervención policial con detenidos y puesta a disposición judicial.
Vox ha pedido a la Fiscalía del Área de Ceuta que se investiguen conjuntamente esas agresiones sexuales. Apela al artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que incoe diligencias sobre todas las agresiones sexuales que se hayan denunciado en Ceuta desde hace casi tres semanas.
Vox también ha solicitado otras seis diligencias a Fiscalía: relación única de las denuncias por delitos sexuales desde el 30 de julio y eliminar duplicidades entre registros policiales, sanitarios y judiciales.
También ha pedido conocer el testimonio de los procedimientos abiertos en Ceuta por estos hechos, incluidos los archivados; informes policiales de análisis de patrones en estos presuntos hechos; cotejar los perfiles genéticos con las bases de datos policial de ADN; un estudio que aclare si hubo llamamientos a la comisión de agresiones sexuales; y una declaración de las víctimas que no la hayan prestado y mecanismos de protección.
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