Racismo y críticas a guardias civiles

No son pocas las semanas que muchos vecinos de Ceuta se quejan por las largas horas de espera para cruzar la frontera.

Visitar a familiares, regresar a sus domicilios, comprar o disfrutar de un día de ocio es poner a prueba la paciencia, un deporte de riesgo.

Una queja natural que es respondida por algunos ceutíes con un tufillo racista imposible de ocultar. Se les ve el plumero, aunque traten de maquillar esa actitud tan fea.

Curiosamente nunca se criticó, ni cuestionó a los muchos ceutíes que durante décadas alquilaban residencias en Marruecos para pasar los fines de semanas o disfrutar de las merecidas vacaciones de Semana Santa o Navidad.

Estos últimos se llamaban Juan, Paco, Cristóbal y, por esta razón “de peso”, no se cuestionaba que gastaran en el vecino país los ingresos que generaban en Ceuta. Estaban legitimados por razón de apellidos.

Eran tiempos de una buena relación de vecindad y se trataba de agilizar en ambos sentidos el paso fronterizo, porque creaba riqueza, sobre todo, en la zona próxima a Ceuta, donde restaurantes y otros comercios se veían favorecidos.

Sin embargo, la situación ha cambiado y Marruecos realiza unos controles exhaustivos que, desde el punto de vista policial, no tienen sentido, pero están en su perfecto derecho.

Dicho esto, paso a otro punto conflictivo de nuestra convivencia fronteriza, porque no paran de lanzarse duras críticas contra los guardias civiles que prestan servicio en la Aduana del Tarajal por impedir el paso de determinados productos o decomisar otros por exceso de peso.

Críticas y malos modos contra los guardias civiles que cumplen con su obligación y no contra los que hacen las normas de obligado cumplimiento para los agentes.

Como bien saben los ciudadanos, los guardias civiles no toman decisiones políticas, ni elaboran las normas, ni deciden qué mercancías pueden cruzar la frontera.

Su función es aplicar la legislación vigente y las instrucciones que emanan de las autoridades competentes, especialmente de la Delegación del Gobierno y del jefe del Territorio Franco, es decir, el Interventor de la Aduana.

En esa dirección puede que tenga sentido dirigir las críticas, pero no contra los agentes que impiden el paso de alimentos que incumplen los protocolos establecidos por razones sanitarias, aduaneras, fiscales o de seguridad. Pretender que los guardias civiles actúen al margen de sus obligaciones es una temeridad.

Dicho esto, pienso que hay restricciones que no tienen sentido y sería más recomendable dar un margen de actuación a los agentes para que decidan en cada momento para evitar una imagen nada agradable de los agentes, porque no es lo mismo pasar 30 kilos de chebakia que, llevar un kilo para consumo regalado por un familiar.

Distinguir lo que es para consumo propio o una expedición comercial no es una tarea difícil para los guardias civiles. Sin embargo, ese margen no existe y, por esa razón, convertir a los guardias en blanco de críticas es injusto e inapropiado.

En una sociedad democrática, las decisiones sobre las políticas fronterizas, controles aduaneros o restricciones comerciales corresponden a los responsables políticos. Son ellos los que diseñan el marco regulatorio y quienes deben rendir cuentas ante la ciudadanía si dichas políticas generan malestar o se consideran inadecuadas.