Escuchar al consejero de Gobernación declarando la guerra a las organizaciones criminales o mafias de los bultos en esa guerra sin cuartel que parece haberse abierto entre unos y otros me recordó que quien debía haber hablado de estos asuntos es el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull. A Jacob Hachuel se le podrán discutir muchas cosas, pero no la voluntad que le está poniendo y además en temas que hasta hace un año y medio le eran absolutamente desconocidos. Sin embargo, esa presión que esas organizaciones criminales durante estos días han planteado en la Carretera Nueva se han realizado en una vía que es de la Administración General del Estado; en una cola que va hacia una frontera que es competencia de la Administración General del Estado; todo aderezado por un tipo de comercio que se da entre dos países, donde la Ciudad Autónoma tiene poco que decir. Cosa distinta es que la Ciudad ayude, que aporte a sus policías locales, que incremente las plazas para este año, que Servicios Tributarios sea la que abona a los vigilantes de seguridad, que los trabajos que se han necesitado de intendencia hayan sido realizados por la empresa municipal Obimace. Todo ello está muy bien. Pero no nos olvidemos de lo principal: la seguridad ciudadana es competencia del Cuerpo Nacional de Policía desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista político de la Delegación del Gobierno. Que calle una institución para que hable la otra no parece lo lógico. Es bueno que vayan todos de la mano, pero que cada uno asuma su responsabilidad.
