La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta acogerá desde hoy martes y, en principio, durante tres días, la exposición de las cuestiones previas del ‘caso Emvicesa’, que sentará en el banquillo a 53 personas (uno de los acusados falleció el año pasado).
La Fiscalía les imputa un total de siete delitos por los que pide para todas ellas cerca de 280 años de prisión por su presunta involucración en una “organización criminal” dedicada durante años a la adjudicación irregular de viviendas protegidas en la ciudad que cobraba por sus ‘favores’.
El juicio arrancará algo más de tres años después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 dictase auto de apertura de juicio oral por cinco ramas: el cabecilla, los trabajadores de la empresa municipal que supuestamente eran sus cómplices, los políticos que teóricamente miraban hacia otro lado, los captadores de ‘clientes’ y los que pagaban por obtener VPO.
El exgerente, exviceconsejero y exdiputado autonómico del PP Antonio López se enfrenta a una petición de 26 años de prisión de la acusación pública por la supuesta comisión de delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos (como autor e inductor), cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.
También se le reclaman penas accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años, ya que se le atribuye haber obtenido “una ingente cantidad de dinero ilícito” e introducirlo en el tráfico comercial “dándole apariencia de legalidad” mediante operaciones de compra y venta de inmuebles o acciones en bolsa, vehículos, artículos de joyería, préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva e incluso amortizando anticipadamente o calando las deudas con cobros ilícitos”.
Para “lograr su propósito” se habría valido “de una estructura por él diseñada y organizada que actuaba siempre bajo sus órdenes y directrices y que estaba conformada por los trabajadores comerciales de Emvicesa, los representantes públicos de la Comisión Local de la Vivienda y de intermediarios y captadores de clientes”.
Entre quince y trece años de cárcel se solicitan para cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda: Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García, Juan Manuel Zaragosí y Teresa Sánchez.
A solicitudes de condena de entre once y dos años de prisión harán frente los cuatro políticos que se sentarán en el banquillo: las ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales, Susana Román y Rabea Mohamed; el exportavoz de Caballas, Mohamed Ali; y el que fuera gerente del PP Regional, Jesús María González Barceló.
A peticiones de condena de entre 11 y 9 años de prisión se enfrentarán cinco “intermediarios” señalados como “captadores de clientes” para López.
La defensa de López no solo recusará a los integrantes de la Sección VI de la Audiencia, sino que invocará la doctrina ‘del fruto del árbol envenenado’ para intentar anular las escuchas que sostienen parte de la instrucción, que a su juicio fueron “prospectivas, desproporcionadas e infundadas”.
Parte de los acusados rechazan el “delito sorpresivo” de organización criminal introducido por la Fiscalía a última hora en su escrito de acusación.
Catorce integrantes de la ‘lista fantasma’ han sido admitidos de momento como acusación particular, con lo que no tendrían que aportar fianza para mantenerse, pero sí se fuesen popular.
Todos ellos serán juzgados como presuntos partícipes de una “organización criminal” que el primero habría tejido “con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo” para “articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”.
Finalmente, tres años de cárcel por cohecho reclama la Fiscalía para cada uno de los 38 particulares identificados como pagadores de hasta 20.000 euros por conseguir la adjudicación de una vivienda en beneficio propio o de familiares.
Como acusación particular ha sido admitida de momento la personación de 14 personas que aparecieron en la ‘lista fantasma’ de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar, publicada en 2015, que ha propuesto que los condenados paguen 10 millones de euros de indemnización y considerar a la Ciudad como responsable directa.
Los magistrados Tesón, De Castro y Martín, este último con el apoyo directo de otro magistrado como ponente que será de la sentencia, han reservado más de una semana para resolver las cuestiones previas que planteen las partes, que no serán menos de una decena y que, entre otras cosas, cuestionarán la validez de las escuchas telefónicas que dieron pie al inicio de las investigaciones de la Policía Nacional, así como parte de las diligencias practicadas.
La defensa de Antonio López ya ha advertido que recusará a los magistrados de la Sección VI por haber conocido los recursos de apelación interpuestos contra la prisión provisional del exgerente de Emvicesa, que respaldaron.
Además, intentará rebatir las acusaciones alegando varias vulneraciones de derechos fundamentales como si ha sido víctima de escritos “imprecisos, vagos e insuficientes” por parte de la Fiscalía “que nunca debieron superar el filtro del auto de apertura de juicio”.
Si no se atiende su reivindicación de que López sea absuelto antes de que comience la vista oral propiamente dicha el 7 de noviembre, los abogados del exviceconsejero alegarán que la primera jueza instructora “vició de nulidad” no solo las intervenciones telefónicas de sus conversaciones, sino también las órdenes de entrada y registro en inmuebles de su propiedad por la relación personal que mantenía con un agente al frente de las pesquisas.
Para sacar como mínimo las conversaciones telefónicas del juicio también se apelará a la doctrina del ‘fruto del árbol envenenado’ desde la convicción de que la primera escucha en la que se advirtió un posible delito en la adjudicación de viviendas “no fue comunicada a la autoridad judicial para convalidación y, en todo caso, desproporcionada”.
Igualmente alega una “masiva, indiscriminada, prospectiva, desproporcionada e infundada” intervención de llamadas; una declaración de secreto de las actuaciones “infundada y desproporcionada”; un mantenimiento en prisión preventiva “sin justificación razonable”; y otros supuestos defectos de forma como la ruptura de la cadena de custodia de los dispositivos electrónicas que se intervinieron a López (un iPhone y un iPad que deberán estar disponibles en la sala de vistas durante las sesiones del plenario).
Según las fuentes consultadas por este periódico, otras defensas también plantearán la necesidad de declarar parcialmente nulo el escrito de acusación de la Fiscalía de octubre de 2020 en el que el Ministerio Público introdujo sobre los acusados en la ‘rama política’ un presunto delito de organización criminal sobre el que los señalados no habían sido informados “ni interrogados”.
Se trata de lo que en la jerga jurídica se denominan “delitos sorpresivos” y cuya inclusión o no en el procedimiento deberá resolver la Audiencia, ya sea antes del inicio de la vista o en su veredicto final.
En el juicio se prevé la declaración, al margen de los acusados, de más de 40 testigos, desde agentes de la Policía Nacional hasta peritos pasando por el exdiputado nacional Francisco Márquez; la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani; el antiguo titular de Fomento Néstor García; Juan Manuel Doncel (ahora al frente de la Autoridad Portuaria), Guillermo Martínez (que llevó las riendas de varias consejerías antes de ser elegido Senador), Carolina Pérez (actualmente jefa de Gabinete de Vivas y en su momento máxima responsable de Asuntos Sociales), Adela Nieto...
También antiguos miembros de los grupos de la oposición como Juan Luis Aróstegui y Milagros García o el interventor y la secretaria general de la Asamblea.
La Fiscalía pide 26 años de cárcel y más de 5 millones de euros de multa para el exgerente de Emvicesa por prevaricación, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Cuatro trabajadores se enfrentan en cuatro casos a 13 años de cárcel por prevaricación, falsedad, cohecho y organización criminal. Una, a 15 porque suma tráfico de influencias.
La instrucción achaca a los cuatro supuestos “intermediarios” que conseguían personas dispuestas a pagar por la obtención irregular de una vivienda protegida la comisión de dos delitos de cohecho y organización criminal. En total, peticiones de 9 años de cárcel.
El Ministerio Público solicita 11 años de cárcel para Román por falsedad y organización criminal; cinco para Ali y Mohamed por organización criminal (además de 10 de inhabilitación en todos los casos por prevaricación) y dos para González Barceló por tráfico de influencias.
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