La quema de casi 40 contenedores en este mes ratifica un vandalismo al alza

Casi 40 contenedores han quedado calcinados por las llamas en lo que llevamos de enero. Si traducimos esas quemas en dinero, hablamos de un coste económico de casi 11.000 euros (los que se queman con mayor asiduidad son los de 800 litros cuyo coste es de 299 euros). Si lo extrapolamos al ámbito de la delincuencia, se confirma la teoría de los investigadores policiales de que puede existir una premeditación, un interés concreto en causar estos daños. Como tal se está abordando y desde la Jefatura se ha encomendado la labor de conocer qué hay detrás de algo que para nada es casual y que podría tener una clara finalidad destructiva.

Lo que está sucediendo este enero hay que enmarcarlo en un auge del vandalismo que empezó a cobrar forma en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando la empresa Trace, encargada de reponer los depósitos calcinados, empezó a detectar “un nivel de vandalismo muy alto”, explican en declaraciones a El Faro.

Así, si en todo el año pasado se quemaron más de 150 contenedores, hubo meses especialmente críticos como los de septiembre y octubre en los que se quemaron más de 60 contenedores respectivamente.

Las barriadas del Príncipe y de Juan Carlos I absorben la práctica totalidad de las quemas, un dato que maneja la Policía porque ayuda a concentrar la búsqueda de respuestas a lo que está sucediendo en la ciudad.

Las quemas de vehículos que se han producido obedecen a causas distintas, de hecho los agentes no encuadran todos en el mismo saco de la delincuencia en general. Ahí hay una diferencia clara respecto de la quema de los contenedores que sí tiene un patrón que se repite en el espacio y en el tiempo y que es, de hecho, lo que más ha llamado la atención a los agentes policiales.

La empresa Trace ha llegado a advertir a los presidentes de asociaciones de vecinos de determinadas barriadas, como es el caso del Príncipe, el riesgo en el que se está incurriendo porque llegará un momento en que dado el nivel de destrucción de los depósitos no se pueda proceder a la sustitución de los mismos, generando nuevas víctimas colaterales.