CSIF y UGT exponen el asunto ante la Fiscalía, mientras CCOO acude a la Inspección de Trabajo y la Agencia de Protección de Datos, pues opine que estos empleados no tienen la culpa.
Las secciones sindicales en el Ayuntamiento de UGT y CSIF informaron ayer de que han puesto en conocimiento de la Fiscalía “la usurpación de funciones públicas y el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos” al destinar a personal de colaboración social y de los planes de empleo “a áreas y servicios donde está prohibido que desarrollen trabajo alguno”. Un comunicado de prensa que únicamente viene firmado por UGT y CSIF, pues CCOO no comparten la redacción del documento y el hecho de que se acuda a la Fiscalía, pues opinan que se culpabiliza directamente a los trabajadores de esta circunstancia, no teniendo ‘culpa’ de ello. En declaraciones a El Faro, los comisionistas adelantaron que estos hechos los remitirán a la Agencia Estatal de Protección de Datos y a la Inspección de Trabajo.
Desde la sección sindical de CCOO, explicaron que el contenido del escrito firmado por UGT y CSIF “no se corresponde con lo que queremos hacer”, pues es la Administración Local la que “hace mal la gestión”, no los trabajadores. Los comisionistas afirmaron que la ‘culpa’ no la tienen los trabajadores y una denuncia en la Fiscalía podría ir en perjuicio de estos trabajadores en cuestión, cuando la ‘culpable’ es “la mala gestión” de la Administración.
UGT y CSIF explica que en el pasado miércoles tuvieron conocimiento de que se han contratado a dos nuevas personas pertenecientes a Colaboración Social y se han destinado al Negociado de Estadística “donde se tramita y gestiona el padrón municipal, proporcionándole acceso visual, informático y documental a datos especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos”, afirman ambas centrales sindicales en su comunicado. “Tal es la gravedad y la inconsistencia del Gobierno que independientemente de que los órganos colegiados continúen con la tramitación, las centrales sindicales firmantes de este comunicado remitirán de manera inmediata todos los hechos similares que tengamos conocimiento a la Fiscalía para que actúe con la mayor contundencia posible como es necesario”, concluye el escrito.
Desde la sección sindical de CCOO recordaron a este diario que su organización ya ha venido denunciando esta situación en las diferentes reuniones del Comité de Empresa y en la Mesa Negociadora. Los comisionistas insisten que denunciar un delito de usurpación de funciones públicas iría en perjuicio de los trabajadores de los Planes de Empleo, de Colaboración Social y empresas municipales, cuando es la Administración la que está gestionando mal éstas. Por ello, CCOO pondrá en conocimiento de estos hechos a la Agencia Estatal de Protección de Datos y a la Inspección de Trabajo para que actúe.
Por su parte, UGT y CSIF también recordaron que esta situación la han venido denunciando “reiteradamente” al director general de Recursos Humanos, a quien han pedido “que solucione de manera inmediata” esta “usurpación”. Por ello, han decidido de la Junta de Personal y el Comité de Empresa “como órganos colegiados de representación del personal laboral y funcionario, denunciaran dicha situación ante los órganos competentes”.
