El PSOE de Ceuta pone de manifiesto la gravedad del asunto en torno a la sentencia condenatoria de la Ciudad por los perjuicios ocasionados a un vecino de la plaza Teniente Ruiz, por los ruidos que se ve obligado a soportar desde hace más de diez años procedentes de las terrazas ubicadas en la zona colindante con su vivienda.
El siete de octubre del año 2013, la Administración local, mediante Decreto, denegó la licencia de instalación de terraza al Pub Tokio, siendo recurrida en vía contenciosa por el propietario del establecimiento, Fernando Ramos –actual consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas-. Sin embargo, el 30 de noviembre del pasado año, fue desestimado su recurso mediante sentencia firme y, a pesar de dicho pronunciamiento, la terraza del establecimiento ha continuado funcionando hasta el día de hoy.
Para el secretario general, Manuel Hernández, es de una “gravedad extrema”, que, tras casi un año, el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, “no haya obligado a Ramos a cumplir con las normativas municipales al respecto, como tan grave o más es que un miembro de la corporación local no acate una sentencia en firme y, además, se exima del cumplimiento de las ordenanzas de su propia Administración”.
Por ello, Hernández exige que Ramos presente la dimisión de su cargo, a la vez que también solicita la dimisión de Hachuel por dejación de funciones.
Por otra parte, el socialista quiere dejar claro que su formación “no pretende criminalizar al sector de la hostelería ni se posiciona a favor de cualquier acción que afecte a la economía ceutí”, sino que es partidario de que “las actividades se desarrollen de manera legal, al amparo de las ordenanzas municipales”.
Para Hernández, “el Partido Popular hace muchos años que gobierna por encima del bien y del mal, a golpe de escándalos –como es también el asunto de las retribuciones salariales del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios- haciendo su gestión tan sólo en función de intereses personales, en beneficio de su red clientelar, y de espaldas a la legalidad y a la ciudadanía que, en definitiva, es la principal perjudicada”.
