El PSOE llevará al próximo Pleno de la Asamblea de Ceuta una propuesta destinada a modernizar y agilizar el derecho de consulta de los diputados y diputadas, recogido en el artículo 12 del Reglamento de la Asamblea.
El objetivo, según el PSOE, es garantizar un acceso más eficiente a la información pública y facilitar la labor de fiscalización de los grupos políticos.
En la actualidad, los socialistas consideran que el ejercicio práctico de este derecho “presenta numerosos obstáculos y dificultades añadidas”. Para acceder a la documentación, los diputados deben interrumpir el trabajo de los funcionarios, que dejan sus tareas habituales para buscar y facilitar la información solicitada.
Esta dinámica, aseguran, “ralentiza la actividad administrativa y contradice la realidad digital actual, donde la mayor parte de la información ya está en formato electrónico”.
Además, recuerdan que las peticiones de información deben realizarse por escrito, lo que obliga a los empleados públicos a invertir tiempo en recopilar documentación y emitir respuestas formales, generando un proceso burocrático lento y poco eficiente.
Para solucionar esta situación, el PSOE propone implantar un sistema de acceso digital en modo de solo lectura a los expedientes y trámites administrativos. Este acceso estaría disponible para los portavoces de todos los grupos políticos a través de las aplicaciones informáticas necesarias que garanticen el cumplimiento del derecho de consulta.
El sistema permitiría visualizar e imprimir la documentación, pero no modificarla, con el fin de preservar la integridad de los expedientes. Con ello, el PSOE pretende agilizar los procesos internos de la Administración y reducir las cargas sobre los servicios administrativos, además de modernizar el funcionamiento del Pleno.
Los socialistas destacan que el acceso digital estaría protegido por un sistema de seguridad y condicionado a la firma de un deber de sigilo, mediante el cual los diputados se comprometerían “a no difundir datos personales y a respetar plenamente la privacidad de las personas”.
El grupo parlamentario sostiene que la propuesta favorece la transparencia institucional y refuerza la rendición de cuentas sin menoscabar la protección de los datos personales.
Además, subraya que la medida “no solo facilitaría la labor de fiscalización de los grupos políticos, sino que también contribuiría a optimizar los recursos de la Administración y a mejorar la agilidad de la gestión pública”.
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