Habla de facturas de 18.000 euros en los Jardines de Elena o de 11.500 en la fuente de la Plaza de los Reyes. Nuria Miaja, secretaria de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE ceutí, denunció ayer de forma pública el “mal uso” que la Ciudad hace del agua, coincidiendo con el Día Mundial que se conmemoró ayer. El consumo en distintos puntos de suministro de la ciudad centró parte de las críticas de la socialista que, como resultado, arroja facturas de “cifras desorbitadas”. En sus manos sostuvo “decenas de recibos” que el Grupo Parlamentario Socialista señala que solicitó a la Ciudad y los cuales corresponden a distintas dependencias municipales. Por citar algunas, Miaja habló de facturas de 18.000 euros cada dos meses en los Jardines de Elena; la fuente de Elena, 13.000 euros en el mismo plazo de tiempo; la fuente de la Plaza de los Reyes, 11.500 euros; las Murallas Reales, 22.000; y las fuentes y jardines de la Marina, con un coste de 30.000 euros.
La socialista lamentó que Ceuta no siga el ejemplo de Madrid en la reducción de las fuentes ornamentales que supuso para la Comunidad un ahorro de 5,4 millones de euros. Unos puntos a los que hay que sumar, continuó Miaja, las “numerosas” zonas urbanas que carecen de saneamiento, “un problema que sigue sin solventarse y que podemos comprobar cada vez que se registran precipitaciones, inundaciones y vertidos al mar”. Miaja se quejó de que “gran parte” del riego de parques y jardines así como el baldeo de calles “se realiza con agua potable, algo que no entra en la cabeza de los ciudadanos con el elvado precio del agua”, dijo.
En cuanto a los bidones de aguas fecales que los socialistas desenterraron en la Playa del Chorrillo, “desgraciadamente no era el único, quedan muchos que continúan contaminando el litoral de la ciudad a pesar del compromiso de su retirada por parte del presidente de la Ciudad”, subrayó la secretaria de Ordenación del Territorio.
Por otra parte, el PSOE ceutí puso de manifiesto la “importancia” de dar vía libre a la proposición no de ley por la que se insta a “eximir del copago farmacéutico a las personas con grado igual o superior al 33 por ciento de discapacidad, independientemente del momento en el que adquirieron tales condiciones”.
