El partido socialista ha presentado esta mañana ante la Fiscalía un escrito de denuncia en el que recoge una “situación anómala” en al contratación de un ingeniero de Caminos por parte de la Ciudad Autónoma. Un hechos que son fruto, según el secretario general del partido, Manuel Hernández, de una investigación emprendida por parte de los servicios jurídicos del PSOE, y “creemos que son inidicios suficientes para incurrir en un posible ilícito penal”. La denuncia recoge una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y que implica a un total de siete cargos políticos, con el presidente de la Ciudad a la cabeza “como máximo responsable en todo lo que acontezca en la ciudad”, apostillaba Hernández, ya que a su juicio, Vivas “conocía al detalle todos los movimientos que se estaban produciendo, pese a cometerse en empresas u organismos autónomos”. Además del presidente, el caso también salpicaría a dos miembros del Gobierno, en concreto, al consejero de Fomento, Néstor García, y al de Medio Ambiente, Fernando Ramos. Los restantes codenunciados son el gerente de Acemsa, Juan Manuel Martín; la secretaria general de la Junta de Acemsa, María Dolores Pastilla; el interventor de la Junta General de Acemsa, José María Caminero, y el presunto trabajador del organismos público, Pedro Sierra. En opinión de Hernández, este caso responde la gestión que ha marcado el Partido Popular desde el inicio de la legislatura, “que inició el caso Emvicesa y, a partir de ahí todo ha sido un caos”. Una situación ante la que se presentan con la obligación de “buscar la transparencia y la regeneración democrática en Ceuta”. Por ello, el secretario general socialista, ha adelantado que no descartan presentar dos denuncias más que implicarán a cargos políticos. Asimismo, Hernández ha descartado que esta denuncia responda un acto de oportunismo electoral al encontrarnos ante las puertas de la campaña, y ha argumentado que han actuado “cuando hemos estado en posesión de las pruebas pertinentes”.
El contenido de la denuncia
La denuncia presentada por el PSOE detalla cómo a Pedro Sierra se le hace empleado público por mera designación, “por lo que entendemos , que podemos estar ante el tipo descrito en el art. 405 del Código Penal, dado que los principios rectores propugnados por el art. 55 del EBEP lucen por su total y absoluta ausencia”. Agrega, además, se desconoce el salario y categoría profesional del funcionario, “pero ha de presumirse y por tanto investigarse su concreta cuantía, que presuntamente debe ser pareja a la que venía percibiendo en ACEMSA, lo cual vulneraría toda reglamentación en materia de retribuciones públicas”. Sin embargo, según el escrito presentado, Sierra renuncia a un puesto directivo de los mejores pagados de Ceuta, “pues no todos los días se renuncia a un sueldo astronómico de 5.500 euros mensuales, para convertirse en “funcionario público con sus consabidas estrecheces retributivas”. Siguiendo con su vertiginoso ascenso, detalla la denuncia, “que repercute en sus emolumentos mensuales, es nombrado personalmente por Juan Vivas, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, como miembro designado por el Ayuntamiento de Ceuta”. Una confianza que fue renovada pero que, como finalmente la GIUCE no alcanzó lo que políticamente parece ser que se esperaba de ella, dicho organismo público se disolvió con lo que todos los funcionarios del mismo se reintegraron en sus antiguos puestos de trabajo en el Ayuntamiento, “y es donde sorpresivamente Pedro solicita la reincorporación a su antiguo puesto de Acemsa, al que expresamente había renunciado y por el que había recibido la indemnización correspondiente”. Una reincorporación que es aprobada, detalla la denuncia, por el Consejo de administración de Acemsa dos años más tarde y estando al frente de la misma la consejera Susana Román. En dicha acta se recogen una serie de circunstancias: “Que con fecha del 23 de junio de 2010 el Consejo de Administración de Acemsa acordó autorizar la adscripción del entonces Director General Técnico de la empresa, a Pedro Sierra García, a la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE), de acuerdo con las previsiones recogidas en los Estatutos del nuevo organismo autónomo, con fecha de efectos del 1 de julio de 2010; que el trabajador ostenta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45,1.a) del Estatuto de los Trabajadores, un derecho de retorno a la empresa, en base al documento de suspensión del contrato suscrito por mutuo acuerdo entre las partes con fecha del 23 de junio de 2010. Frente a dichas aseveraciones, en donde sí es cierto que los Estatutos del Organismo Autónomo si recoge tal posibilidad, aunque no es menos cierto que es objetivamente una grosera patada al derecho de acceso a la función pública”. Es en este punto, cuando no se puede hablar de retorno a un puesto de trabajo al que se ha renunciado, donde el PSOE se pregunta cómo se justifica la indemnización recibida. “Dado que nunca hubo Relación de Puestos de Trabajo propia en la GIUCE, difícilmente pudo establecerse un puesto de trabajo cuyo acceso pudiera provenir de una mercantil privada del Ayuntamiento”. En este sentido, dicen temerse que se tata de “una argucia para establecer la pista de aterrizaje de Pedro Sierra en la función pública local”. En la actualidad Sierra sigue prestando servicios para el Ayuntamiento, en concreto para la Consejería de Fomento, “pero siendo retribuido y cotizado por Acemsa, donde solo aparece para votar en las elecciones sindicales”. Los socialistaS, además, recogen que la Ciudad ha publicado la oposición de dicHa plaza de Ingeniero de Caminos, la cual está impugnada en la jurisdicción contenciosa por UGT.