El PSOE acusa al PP de “soberbia” y de no dar explicaciones sobre el albergue

El PSOE de Ceuta lamenta que el Gobierno de Vivas haya desaprovechado la oportunidad de aclarar las muchas dudas que surgen del extraño expediente de licitación para la compra de un edificio para albergue social y haya preferido responder "con soberbia, pero sin dar explicaciones”.

Es lo que aseguran los socialistas en un comunicado, en el que exponen que la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, responsable del expediente, no ha explicado las razones del sobreprecio, ni por qué los informes técnicos los firman cargos políticos. “Lo que hemos visto hoy en el Pleno no ha sido una defensa técnica del proyecto, sino una huida hacia adelante para intentar disimular una operación opaca y plagada de interrogantes”, señala Miguel Ángel Pérez Triano, secretario general del PSOE de Ceuta.

Critican que Chandiramani utilice argumentos tan “sorprendentes” como decir que se ha licitado en el Boletín Oficial de la Ciudad. “¿De verdad pretenden que se les aplauda por cumplir una obligación legal básica? Publicar una licitación no es un acto de transparencia, es un requisito mínimo que exige la ley”, recuerdan desde el PSOE.

Para los socialistas ceutíes, las pocas explicaciones que ha dado Chandiramani “han sembrado más sospechas de las que ya teníamos”. Y les resulta llamativo que el Gobierno alegue que se desecha el proyecto inicial y se recurre a la compra porque el plazo para ejecutar los fondos europeos expira en diciembre de 2026: “¿Nos quieren hacer creer que se ponen ahora a buscar un edificio —con todos estos condicionantes de equipamiento y distancia— sin saber si existe?”, señalan.

20 meses perdidos

Para el PSOE ceutí, “el Gobierno de la Ciudad ha perdido ya 20 meses desde que el Gobierno de España puso a su disposición casi tres millones de euros para construir un albergue para personas sin hogar. Veinte meses en blanco, sin ejecución, sin proyecto, sin albergue. Ya han perdido casi dos años. ¿Y ahora quieren tapar esa negligencia con un procedimiento acelerado, cuestionable y hecho a medida?”, han lamentado.

También insisten en lo dicho ya ayer sobre que “hay indicios de un procedimiento diseñado ‘ad hoc’, con criterios de valoración subjetivos y un objeto de licitación que parece encajar como un guante en un edificio muy concreto, lo que restringe la competencia y limita la igualdad de oportunidades. Eso es lo que hemos dicho. Y sí, iremos hasta el final: ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y donde haga falta, porque el dinero público merece el máximo respeto”.

Para Pérez Triano, “la consejera se permite el lujo de dudar que en el PSOE hayamos leído los informes que acompañan al expediente y para su desgracia sí que lo hemos hecho”, ironiza, a la par que ha señalado que hay informes “ridículos”, como el de valoración del inmueble, con solo cuatro párrafos, pese a ser el informe más importante del expediente y en el que, además, el técnico firmante reconoce por dos veces que “no se sabe” o “no se puede conocer” el valor del inmueble .

El PSOE añade que “no es cierto, como asegura Chandiramani, que el criterio económico sea el 50%, sino el 45. El siguiente criterio en puntuación es la proximidad a la Consejería de Servicios Sociales, con 30 puntos y el último, el tamaño de la edificación, con 25 puntos”.

Alternativas al mercado inmobiliario

También han recordado que no se ha hecho pública la existencia de un estudio de alternativas reales en el mercado inmobiliario de Ceuta que demuestre que esta opción es, la más eficiente y adecuada. “La falta de comparación debilita los fundamentos técnicos y económicos del expediente que fundamenta la necesidad de esta compra”, afirman.

Los socialistas se quejan también de que el proyecto carece de un calendario de ejecución claro, con indicadores verificables de seguimiento y control, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos por los fondos europeos y aumenta las posibilidades de perder la financiación. “En definitiva, este procedimiento no garantiza ni la eficacia, ni la legalidad, ni la equidad necesaria para un proyecto financiado con fondos públicos europeos. Y eso es, sencillamente, inaceptable” zanja Miguel Ángel Perez Triano.

El PSOE concluye diciendo que este expediente afecta a un recurso social largamente demandado, cuya ejecución debería estar marcada por el máximo consenso, transparencia y rigor técnico. “Sin embargo, la actuación del Gobierno parece más centrada en blindar políticamente una decisión cuestionable que en ofrecer respuestas a la ciudadanía”.