El colectivo de transfronterizos continúa, cada lunes, visibilizando su queja, reclamando una regulación como la de cualquier otro trabajador. El cierre de la frontera ha dejado en evidencia lo anómalo de unos oficios que, cotizando a la Seguridad Social, contando con un tipo de regulación especial y propia de Ceuta y Melilla, carecen de cualquier contraprestación en forma de derechos. Si se trata de personas que cuentan en lo regular para unas cosas, lo deben contar para el resto. En cambio no se han podido beneficiar de ERTE ni sus empleadores de fórmulas de ayuda para seguir apoyándolos de alguna manera.
Cada lunes, las personas que están en Ceuta salen a la calle para que se les oiga. Otros afectados que están en Marruecos y no pueden cruzar el paso lideran esas mismas quejas en el vecino país. A uno y otro lado de la frontera se reclama prácticamente lo mismo, pero nadie mueve un dedo para buscar soluciones rápidas y eficientes. La administración responde con evasivas, pero durante años ha permitido una regulación que ahora ha dejado estancada en el camino.
Marruecos no tiene voluntad de abrir la frontera de inmediato, España está supeditada a lo que diga el vecino país. Entre uno y otro, cientos de personas se han visto sin empleo, sin poder cobrar siquiera algún tipo de contraprestación u obligadas a quedarse aquí sin poder renovar su documentación al no poder cruzar a su país de origen para atender las peticiones de Extranjería.
El cierre de la frontera ha servido para mostrar un problema que nunca fue abordado con la seriedad debida y de aquellas malas gestiones tenemos estas consecuencias.
Ceuta y Melilla debe reordenar este tipo de contrataciones con plenas garantías para evitar discriminaciones como las que ahora se producen, para evitar situaciones injustas como las que están padeciendo quienes alzan su voz aquí pero, también, quienes sin poder cruzar se lamentan desde hace meses al otro lado.
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