El 6 de julio de 2011, en plena visita de la máxima responsable de inmigración del Gobierno de Rodríguez Zapatero, una imagen protagonizó la portada de El Faro y sensibilizó incluso a los corazones más duros con la inmigración.
El rescate por parte de Salvamento Marítimo de una balsa playera era distinto a los que, de manera constante, convirtieron aquel verano en uno de los de mayor presión migratoria. En esa embarcación viajaba una pequeña de 3 años, Gift, junto a su madre, Mercy. Ambas, nigerianas, habían marchado de su país y confiaban encontrar en Europa el futuro negado.
Casi tres años después se conoce la resolución que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha tenido para ambas: no se admite su solicitud de asilo cuya petición habían presentado al mes de ser acogidas en el CETI. El fundamento en el que se sustenta la sentencia es doble: madre e hija carecen de documentación que avale su origen y su historia no demuestra que sus vidas corran peligro alguno que requiera de la aplicación de una protección internacional. La resolución que afecta a quienes fueron protagonistas de un auténtico drama es demasiado habitual. Las oenegés llevan años denunciando la problemática que afecta a la política de asilo lo que impide que inmigrantes que cumplen con el perfil se beneficien de su aplicación.
En principio la falta de documentación no debería ser un requisito para ser reconocido como refugiado ya que, en su huida, los inmigrantes no pueden esperar los plazos para documentarse con su pasaporte, o bien no pueden acudir al Estado para documentarse porque incluso éste puede ser su perseguidor.
España está dificultando la regularización de los nigerianos, obviando que este país está sufriendo una grave crisis de carácter étnico-religioso, con una actividad muy violenta por parte de grupos vinculados a Al Qaeda. A pesar de ello siguen adoptándose resoluciones como ésta.
