El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali, y el secretario general de CCOO y presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario, Juan Luis Aróstegui, recibieron ayer carta.
Trae el membrete del Gobierno de España y la firma su delegado en la ciudad autónoma, Francisco Antonio González Pérez. En las misivas, el titular de la institución de la Plaza de los Reyes les informa de que tienen dos semanas para presentar alegaciones a la sanción que por importe de 301 euros se propone para cada uno de ellos por “ser responsables como organizadores o promotores de la celebración de una concentración en lugar de tránsito público el pasado 26 de junio desde las 12.45 hasta las 13.45 horas.
Ese día ante la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez se concentraron unas 50 personas para protestar ante el ministro de Educación, José Ignacio Wert, por sus políticas. Según la Administración dicha movilización no se comunicó por escrito “en el plazo legalmente establecido de diez días”.
Pese a que ninguno de los dos fue identificado sobre el terreno, el acuerdo de incoación de expediente sancionador les señala como instigadores “por su participación destacada en el transcurso de la citada concentración, ya que preside y dirige la misma, ejerciendo de interlocutor con los efectivos policiales y los medios de comunicación desplegados en el lugar de la concentración”.
Ante la Biblioteca se celebró, además de la pitada al ministro, una comparecencia ante los medios en la que participaron los integrantes de la Permanente de la Junta de Personal Docente, en la que están representados FECCOO, FETE-UGT, ANPE y CSI.F.
Posteriormente, al final de la concentración, Aróstegui ejerció como interlocutor ante los agentes que estuvieron a punto de llevar a la Jefatura a otro representante sindical, en este caso de STEs, por carecer de documentación oficial para identificarse.
Los preceptos de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y de la Reguladora del Derecho de Reunión supuestamente vulnerados de forma “grave” podrían conllevar una multa de hasta 30.050 euros pero el delegado propone una solamente 48 céntimos por encima del mínimo si no se formulan alegaciones, algo que tanto Ali como Aróstegui sí piensan hacer.
