Asociación de Promotores y la Confederación de Empresarios de Ceuta han mantenido este lunes una reunión con el consejero de Fomento, la directora general de Urbanismo y el director de Emvicesa para trasladar sus inquietudes sobre las dificultades sobre el estado de la promoción inmobiliaria.
En este encuentro, al cual se invitó al Colegio de Arquitectos de la ciudad autónoma, se expusieron aspectos que coinciden con lo ya trasladado al Gobierno de la Ciudad por parte de la Asociación de Constructores, indican desde el organismo empresarial.
En este sentido, apuntan que la asociación ha constatado que “hasta la fecha el nuevo Plan General de Ordenación Urbana no está teniendo los resultados esperados”.
Asimismo, expresan que la actividad promotora en la ciudad “apenas es perceptible, y el balance de este primer año en vigor ha sido muy limitado, toda vez que no se ha desarrollado ninguna actuación ni desarrollo del planeamiento previsto en el documento y que las dudas en los criterios interpretativos del PGOU que se elevan a la ciudad desde las empresas no son homogéneos por parte de los distintos técnicos municipales y además tardan en resolverse”.
Es por ello que han solicitado que “se priorice en las actuaciones la utilización de la figura de la licitación a las empresas y profesionales privados para activar el sector, y se limite todo lo posible la utilización de medios propios con el grupo Tragsa”.
Por otra parte, los promotores han alertado acerca del “enorme sobrecoste” que soporta esta actividad en la ciudad autónoma, “situándose en niveles difícilmente asumibles”. Por esta razón ha solicitado varias medidas por parte del Ejecutivo local.
La primera de ellas es la de acometer un proceso de revisión de los impuestos que soporta el sector, empezando por una bajada del IPSI de materiales de construcción al 0,5%, así como el cambio en la estructura del IPSI “para hacerlo deducible en los términos del IVA”.
Además, se ha solicitado una revisión de las tasas urbanísticas y del Impuesto de Construcciones, lo que supondría una actuación integral para ayudar a la viabilidad de este sector económico.
Por último, se ha insistido en la necesidad de disponer de una Ley del Suelo, “que supone una prioridad para disponer de un marco normativo garantista en la actividad constructora y de planeamiento y que dotaría de herramientas legales actualizadas y suficientes para poder desarrollar el futuro urbanístico de la ciudad”, declaran.
En cuanto al devenir de la cita, indican que la Consejería ha tomado nota de las reivindicaciones y Ramírez les ha asegurado que “se va a crear una estructura adecuada para el planeamiento y gestión del PGOU próximamente”.
De la misma manera, les han trasladado que se están avanzando los trabajos para un plan de vivienda, así como ayudas al sector de la promoción inmobiliaria, incluyendo una actuación de revisión de la fiscalidad del sector.
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