Promesa que ya no creemos

El Pleno de la Asamblea aprobó, a iniciativa del PSOE, que el Centro Zoosanitario de Ceuta garantice atención todos los días del año. El Gobierno votó a favor. Ese dato no es menor, porque implica reconocer que lo que se venía haciendo no era suficiente ni ajustado a derecho.

Sin embargo, aprobar una propuesta no transforma por sí sola la realidad dentro de un centro municipal. Desde la Protectora de Animales de Ceuta llevamos años constatando que los animales bajo custodia pública han pasado fines de semana y festivos sin atención continuada, sin limpieza adecuada y sin supervisión sanitaria real. Han existido periodos prolongados sin presencia efectiva de personal. Y cuando se trata de seres vivos dependientes, esa ausencia deja huella.

La Ley 7/2023 no habla de “alojamiento”. Habla de bienestar físico y emocional. No basta con que los animales estén vivos dentro de una instalación, la ley convierte la atención integral en una obligación imperativa. Un centro zoosanitario no puede funcionar como un lugar donde se almacenan perros y gatos a la espera de que el tiempo pase. Su finalidad es la recuperación integral, física, emocional y conductual, con el objetivo último de que esos animales puedan reincorporarse a la sociedad y a una familia.

Un perro no puede pasar 23 horas al día encerrado en un espacio de tres metros cuadrados sin salir, sin estímulos, sin ejercicio y sin interacción. Eso no es custodia, es deterioro programado. La ausencia de paseos diarios, de enriquecimiento ambiental y de intervención de alguien de la educación canina provoca ansiedad crónica, conductas compulsivas, agresividad por frustración o, en muchos casos, apatía extrema. El cuerpo se atrofia, el sistema inmunitario se debilita y la conducta se degrada hasta hacer casi imposible la adopción. El encierro prolongado no solo daña al animal, lo condena a la invisibilidad.

En los gatos, el daño es más silencioso pero igual de grave. El estrés sostenido genera aislamiento, hipersensibilidad, agresividad defensiva y cuadros de inmunosupresión. Un gato estresado enferma sin hacer ruido y, muchas veces, cuando se detecta el síntoma, el daño ya es irreversible.

Este daño es conocido, previsible y evitable. Por eso no puede justificarse ni por dificultades de contratación ni por un aumento de abandonos. Al contrario, cuantos más animales hay bajo custodia pública, mayor es la obligación ética y legal de dotar al centro de recursos suficientes. Utilizar el incremento de abandonos como excusa para la desatención es una falacia que carece de lógica.

"El cuerpo se atrofia, el sistema inmunitario se debilita y la conducta se degrada hasta hacer casi imposible la adopción"

Tampoco puede esconderse la responsabilidad detrás de una estructura burocrática incapaz de reaccionar. Los animales no entienden de órdenes internas ni de horarios administrativos. Cuando un domingo no hay paseos, no hay enriquecimiento y no hay supervisión, el daño se produce igualmente. Y ese daño no es accidental: es consecuencia directa de decisiones políticas.

Este incumplimiento sostenido no es solo un fracaso ético, sino un escenario de riesgo jurídico real para la Administración, por maltrato por omisión y por la posible responsabilidad patrimonial derivada de una custodia defectuosa de animales bajo tutela pública.

Conviene subrayarlo con claridad, este no es un reproche al personal del centro. Quienes trabajan allí sostienen el servicio en condiciones limitadas y, en demasiadas ocasiones, sin los medios necesarios. Defender el bienestar animal implica también proteger a quienes cuidan, evitando modelos de gestión que los sobrecargan y los exponen.

La contratación de nuevos cuidadores o la externalización parcial de servicios no puede presentarse como una solución estructural si no va acompañada de un modelo claro, con turnos reales, protocolos públicos y registros auditables. Sin eso, todo queda en un anuncio vacío.

Y es aquí donde el discurso del Gobierno vuelve a repetirse con otro ejemplo dolorosamente conocido, el crematorio público de animales de compañía.

"Ningún número de expediente, ninguna fecha, ninguna decisión firme"

Cuando un gobierno no quiere hacer algo, rara vez dice que no. Dice que “se está trabajando”, que “hay informes”, que “no depende solo de una consejería” o que “será antes de que acabe la legislatura”. Exactamente eso es lo que se volvió a escuchar ante una demanda básica y largamente aplazada, un crematorio público en Ceuta.

La intervención de la consejera fue larga, técnica en apariencia y vacía en el fondo. Mucho trámite, muchas dificultades, muchas explicaciones… y ni un solo dato verificable. Ningún número de expediente, ninguna fecha, ninguna decisión firme. Y conviene decirlo claro:, sin expediente no hay proyecto; hay propaganda.

Se habló de dos iniciativas, una privada y otra “de la Ciudad”. Se mencionaron hornos, estudios ambientales, parcelas en estudio y suelos disponibles. Pero cuando se pidió concreción, la mínima exigible en una institución parlamentaria, la respuesta fue la de siempre: no hay plazos.

Ese es el verdadero problema. No la complejidad administrativa, sino la ausencia de voluntad política real.

Mientras se estudia, se analiza y se intercambian informes, las familias de Ceuta siguen sin una alternativa digna cuando muere su animal. Siguen viendo cómo los restos de un ser querido se tratan como residuos. Y eso no es una cuestión sentimental menor: es salud pública, ética institucional y respeto a una sociedad que ya ha cambiado.

"Porque el bienestar animal no se demuestra en un Pleno ni en una intervención larga y vacía"

Resulta especialmente preocupante que se deslice la posibilidad de que sea un particular quien preste el servicio. Porque la pregunta sigue sin respuesta: ¿será un servicio público, con precios públicos y acceso garantizado, o se permitirá que una empresa haga negocio con el duelo tras una inversión pública? Externalizar el dolor no es modernizar la gestión; es abdicar de la responsabilidad.

Mientras tanto, se vuelve a prometer un futuro Centro de Bienestar Animal como si fuera la solución a todo. Pero no se puede vender el futuro cuando el presente no se sostiene. No se puede prometer un palacio cuando ni siquiera se mantiene la casa. ¿Han venido a ver nuestras propias instalaciones?

Todo esto no va solo de animales. Va de personas. De miles de familias para las que un perro o un gato no es un objeto, sino un apoyo emocional, un sostén vital, a veces lo único que queda cuando todo lo demás falla. Negar una despedida digna y permitir un deterioro silencioso dentro de instalaciones públicas no es un problema técnico: es una decisión política.

Por eso las preguntas siguen siendo simples y siguen sin respuesta. Porque el bienestar animal no se demuestra en un Pleno ni en una intervención larga y vacía. Se demuestra un domingo cualquiera, cuando no hay cámaras, cuando no hay discursos y cuando alguien tiene que hacerse cargo de lo que ocurre dentro de un centro público o cuando a una familia se le muere un animal.

Y ahí, todavía, esta ciudad está fallando y como protectora no podemos obviarlo.