El de los enganches irregulares a la red de suministro eléctrico es un problema que, como bien advierte la compañía distribuidora, va mucho más allá de su faceta económica, ya que implica un riesgo cierto para la seguridad de las personas y los inmuebles. En lo que va de este año el número de los expedientes abiertos por ese tipo de conexiones irregulares se ha duplicado en la ciudad con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que demuestra que sigue exigiendo una respuesta tanto desde el punto de vista de las operadoras implicadas en este servicio básico como desde el de las administraciones, las Fuerzas de Seguridad y la sociedad en su conjunto. No se trata de un conflicto exclusivamente local, pues el porcentaje de fraude detectado es “similar” al registrado en el resto del país, por lo que no se puede caer en la estigmatización, pero tampoco en su normalización. Los enganches irregulares en precario no solo ponen en riesgo a quienes los ejecutan, sino también al resto de la ciudadanía por los peligros de electrocuciones, incendios y averías generales que pueden generar. Por ello la llamada a la colaboración ciudadana debe ser atendida como una apelación a la responsabilidad colectiva que las instituciones deben acompañar con medidas eficientes y eficaces de concienciación, prevención y coerción. Igualmente es conveniente que, desde el más absoluto cumplimiento de la normativa, quienes tienen la voluntad expresa de regularizar su abastecimiento energético tengan vías reales para hacerlo y poder avanzar hacia la mejor y mayor regularización del sistema eléctrico local en beneficio de todos en puertas del hito histórico que supondrá su conexión a la red peninsular a través de la interconexión submarina.
