El artículo 138 de la Constitución establece que “el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad [...] velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.
De su aplicación efectiva y de instar al Gobierno central que ahora lidera Pedro Sánchez a garantizarlo con los medios necesarios y de la mano del resto de Comunidades Autónomas debería ir el Pleno extraordinario que acogerá este jueves la Asamblea a instancias del Partido Popular, espoleado por las cifras que arroja el repunte de la presión migratoria registrado durante las últimas semanas, sobre todo con la llegada de menores extranjeros no acompañados.
La iniciativa apunta a prosperar con el apoyo del PP y del PSOE, que esta vez sí han ejercido su responsabilidad como partidos de Estado mayoritarios también en el Pleno de la ciudad sin dejarse arrastrar por disputas partidistas locales.
La transaccional socialista incidirá en la necesidad de que no solo el Estado y algunas regiones, sino todas las autonomías, se involucren de una forma activa en repartirse el peso del fenómeno migratorio para no dejarlo únicamente sobre las espaldas de Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía.
No hay recetas fáciles como las populistas y extremistas que plantea Vox (desde levantar un muro infranqueable alrededor de la frontera hasta vetar la llegada de personas “de países de cultura islámica”) para hacer frente a esta problemática, y así lo refrendan los acuerdos que se acaban de alcanzar en la UE con esa misma vocación solidaria.
