La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado su profunda inquietud sobre las nuevas condiciones para solicitar el Compromiso de Larga Duración (CLD) en las Fuerzas Armadas, a raíz de la Orden DEF/183/2022. Esta normativa, que entra en vigor en 2027, establece nuevas exigencias para los militares profesionales de tropa y marinería, así como para los Reservistas de Especial Disponibilidad, que deberán solicitar este compromiso al cumplir su sexto año de servicio, también en Ceuta.
Entre las modificaciones más destacadas, se exige que los militares que accedan al CLD, tras completar su formación en los Centros de Formación, aprueben módulos específicos relacionados con el ciclo de formación profesional vinculado a su especialidad. Además, deberán demostrar competencias en habilidades digitales y lingüísticas en niveles establecidos. Estas medidas afectan a todos los soldados y marineros que ingresaron a partir del segundo ciclo de 2022, quienes deberán presentar su solicitud de CLD en 2027.
ATME ha constatado que, a pesar de la relevancia de estas modificaciones, existe una preocupante falta de información tanto entre los militares afectados como en sus unidades de destino. La asociación teme que este desconocimiento pueda dar lugar a una cantidad significativa de bajas no deseadas, un escenario similar al que ya ocurrió en el Ejército de Tierra en 2015, cuando se introdujo la necesidad de cambiar de destino antes de solicitar el CLD, lo que generó numerosos inconvenientes y problemas operativos.
Por este motivo, ATME ha elevado su preocupación al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) y ha remitido un conjunto de preguntas al Ministerio de Defensa, así como a los respectivos Ejércitos y Armada. Las preguntas incluyen aspectos relacionados con la información activa para los afectados, las vías para adquirir los nuevos módulos y las estadísticas sobre el personal que actualmente no cumple con los requisitos establecidos.
ATME espera poder plantear propuestas concretas para mejorar esta situación y evitar que un número significativo de militares abandone las Fuerzas Armadas a partir de 2028, lo que podría tener un impacto negativo en la operatividad y estabilidad de las unidades.