El senador designado por las Cortes de la Comunidad Valenciana Carles Mulet (Compromís) ha presentado una pregunta por escrito dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez en la que le interpela sobre por qué consiente que el nombre del dictador Francisco Franco siga siendo exaltado como “héroe” de La Legión en el frontispicio del acuartelamiento de Serrallo-Recarga de Ceuta a la vista de todos los que circulan por la carretera de García Aldave.
A 48 horas de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, visite la ciudad más de 25 años después de que lo hiciese el último titular de ese departamento que cruzó el estrecho, Mulet quiere saber “por qué pervive” ese homenaje al “autor del golpe de Estado” de 1936.
Su nombre figura junto al de Millán Astray (“participó del sistema represivo y la Dictadura”, recuerda el senador) y los de Valenzuela y Suceso Terreros en una especie de pedestal con escalinata a los pies de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997.
Robles no tiene previsto, según las fuentes consultadas por este periódico, pasar este jueves por el cuartel del Serrallo, y desde la Comandancia General de Ceuta se ha adelantado que “no se va a tapar nada de ningún monumento por la visita de la ministra”. “Ese monumento requiere ser remozado en cuanto a albañilería, jardinería y pintura desde hace mucho tiempo”, ha argumentado en el plano estético.
Aunque varios operarios han probado durante la mañana de este lunes cómo quedaría una bandera nacional sobre los nombres de los cuatro militares exaltados en ese podio, la Comgeceu no moverá ficha si no se lo mandan: “Cumpliremos lo que se nos ordene”, han alegado desde la cúpula castrense local, que ha precisado que “no está previsto actuar hasta que se reciban instrucciones”.
Para Mulet el contenido de esa “especie de gradería” es un “horror” en forma de “homenaje a Francisco Franco o a Millán Astray”. “Se trata, al ser una acuartelamiento, de un edificio público, y contraviene lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática”, advierte el parlamentario.
La nueva legislación establece que cuando haya “elementos contrarios a la memoria democrática” ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos “serán responsables de su retirada o eliminación”.
Se consideran “elementos contrarios a la memoria democrática” las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y “cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” en los que “se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.
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