El eurodiputado español Miguel Urbán, que abandonó Podemos el año pasado y está integrado en el Grupo Parlamentario de La Izquierda en la Eurocámara, ha preguntado a la Comisión europea por las devoluciones de menores migrantes marroquíes solos desde Ceuta efectuadas entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la primera resolución judicial dio amparo a nueve jóvenes y ordenó su suspensión cautelarísima, decisión que esta semana fue refrendada por un nuevo auto que ha dado al traste definitivamente con el procedimiento al margen de la Ley de Extranjería usado por Interior.
Urbán ha interpelado al órgano ejecutivo de la Unión Europea por “qué medidas plantea para controlar estas actuaciones y garantizar el cumplimiento de las leyes básicas en materia de protección de los derechos de las y los menores”.
En el argumentario de su iniciativa parlamentaria, el político recuerda que “el pasado 13 de agosto, el Ministerio del Interior español, por orden directa de su titular, lanzaba la orden de devolución de los menores marroquíes que llevaban desde el 17 de mayo alojados en Ceuta en condiciones más que mejorables”. Igualmente remarca que Unicef “ha alertado que entre los menores hay niñas vendidas como trabajadoras domésticas, otras a las que iban a obligar a casarse y niños perseguidos por su condición sexual”.
“El propio Parlamento europeo”, añade, “aprobó que las repatriaciones de los menores con sus familias a Marruecos deberían guiarse por el interés superior del niño y llevarse a cabo de conformidad con el Derecho nacional e internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”.
Sin embargo, a juicio de Urbán lo efectuado en la ciudad autónoma ha llevado a que nos encontremos “ante unas repatriaciones ‘sin garantías’ que vulneran la legislación y protocolos tanto españoles como europeos, concretamente el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea”.
En ellos se establece que “los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar” y que “podrán expresar su opinión libremente”, así como que esta “será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez”, principio no respetado en las repatriaciones efectuadas.
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