Los
eurodiputados catalanes Antoni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí han presentado una pregunta por escrito dirigida a la Comisión Europea en la que se interesan por si pedirá a España “que establezca una operación conjunta con
Frontex en Ceuta y Melilla” y por si “propondrá al Consejo de Administración de la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas que su agente de derechos fundamentales lleve a cabo una evaluación de la diligencia debida de las vulnerabilidades en las fronteras entre Marruecos y la Unión en relación con la protección de los derechos fundamentales” de las personas migrantes que intentan o consiguen superar las vallas de las ciudades autónomas.
En la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, los parlamentarios independentistas recuerdan que el pasado 24 de junio “un grupo de migrantes intentó entrar en España a través de la frontera del enclave de Melilla” y que “muchos de ellos fueron expulsados por la policía marroquí tras entrar en el territorio de la Unión”, lo que a su juicio “supone una violación del principio de no devolución consagrado en el artículo 78, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 4 del Código de fronteras Schengen, y murieron 37 personas”.
A ojos de Comín, Puigdemont y Ponsatí, “la vigilancia de las fronteras exteriores incumbe a la Unión, por lo que no se trata solo de una cuestión bilateral entre Marruecos y España”.
La presencia de agentes en Frontex siempre se liga a la OPE en el puerto, pero no al control fronterizo migratorio
“No obstante,
España se niega a permitir que Frontex opere en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla”, lamentan en su interpelación por escrito a la Comisión, en la que también advierten que “a pesar de que Frontex no ha respondido adecuadamente a las acusaciones de violaciones de los derechos fundamentales, el despliegue del equipo de intervención rápida en las fronteras de Frontex o el establecimiento de una asociación operativa en las fronteras de Ceuta y Melilla garantizarían un nivel mínimo de normas en materia de derechos fundamentales y de rendición de cuentas”.
La Comisión siempre ha defendido que las operaciones conjuntas y proyectos piloto en las fronteras exteriores de Frontex “deben ser iniciadas por un Estado miembro que requiera una mayor asistencia operativa y técnica o por propia iniciativa de la Agencia en colaboración con los Estados miembros interesados”.
Las autoridades de control fronterizo competentes españolas nunca han solicitado cooperar con la Agencia para desplegar una operación conjunta en Ceuta o
Melilla y la Comisión Europea entiende que “los Estados miembros son responsables del control y la gestión de sus secciones de las fronteras exteriores”, por lo que entiende que “no puede hacer comentarios sobre las necesidades operativas específicas de un Estado miembro en particular”.