Se suceden los informes sobre el incremento de las desigualdades en el mundo. Hace poco, la Fundación Foesa, vinculada a Cáritas, nos mostraba el deterioro que sufren amplios sectores de las clases medias y populares en nuestro país. Sólo el 34,3% de los españoles vive con comodidad.
La pobreza infantil ha pasado en cinco años del 28% al 36%. En estos días, Oxfam Intermón ha presentado en Madrid su informe Iguales, en el que denuncia la creciente desigualdad económica, de género y de oportunidades en todo el mundo. Ni siquiera en el respeto por los Derechos Humanos se usa la misma vara de medir para todos, nos dicen.
En el año 2013, el politólogo Éric Toussaint, realizaba un certero diagnóstico de la situación: “Es la mayor ofensiva realizada desde la Segunda Guerra Mundial a escala europea por el capital contra el trabajo. Para el capital, se trata de aumentar aún más la precarización de los trabajadores, de reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia, de reducir los salarios y diferentes subsidios sociales de forma importante a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores”. A poco que nos informemos de la realidad más cotidiana, se confirma aún más dicho diagnóstico.
El informe sobre trabajo decente 2014 de la Fundación 1º de Mayo, hace un diagnóstico sobre la precariedad en España. Afirma que la precariedad se ha establecido como modelo. Para sostener dicha aseveración, analizan la situación concreta de nuestro país en lo referente al cumplimiento de los objetivos de la OIT, en su Programa de Trabajo Decente. Se sigue destruyendo empleo asalariado, especialmente en el sector público (1,2 millones de empleos perdidos entre 2011 y 2014). Frente al trabajo decente se apuesta por la precariedad, manteniendo la temporalidad y fomentando la contratación a tiempo parcial. No existe una estrategia política sólida que favorezca la creación de empleo de calidad. Disminuyen los salarios y se reduce la participación de los trabajadores en la renta nacional (caída del 7,2% entre 2011 y 2014). Se precariza por la vía del tiempo de trabajo, así como por el aumento de las horas ilegales. Se mantienen altos niveles de desempleo, con más duración en el tiempo y se reduce su protección. Se produce un grave deterioro en el diálogo social, incrementándose la acción unilateral del gobierno. No se respetan ni se promueven los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
El informe sobre pobreza y trabajadores pobres 2014 en España, también de dicha Fundación, afirma que la pobreza está aumentando en España de forma creciente en los últimos años, extendiéndose cada vez a más población y haciéndose más duradera en el tiempo. Todo ello ligado a las medidas que se han ido tomando en el marco de las políticas de austeridad, centradas en el pago de la deuda y no en las necesidades de las personas.
Si se toma el dato de la serie actualizada de la encuesta de condiciones de vida del INE, en el año 2013 se produjo una reducción de las personas consideradas pobres, del 20,8% al 20,4%. Sin embargo, este aparente descenso está más relacionado con una caída importante del umbral (60% de la mediana de ingresos) provocada por el empobrecimiento generalizado de la población, que con una mejora de las condiciones de vida. Así, los diferentes umbrales de pobreza se han ido reduciendo (400 euros en hogares unipersonales en 2010 y 207 euros en 2013). Pero hay grupos, como los jóvenes, a los que afecta especialmente. Por esto España es el segundo país de la Unión Europea donde existe una mayor tasa de pobreza infantil.
Entre los factores que inciden en el empobrecimiento, hay uno que se detallaba en el informe anterior. España ha destruido 3,3 millones de empleos entre 2008 y 2014. Y en el último año, el repunte del empleo asalariado lo es en empleo a tiempo parcial. Es decir, se destruye empleo estable y se crea empleo precario. Esto lleva a que el 24,5% de la población en edad de trabajar esté desempleada en España, de los que 1,5 son jóvenes menores de 30 años.
La conclusión de este informe es alarmante. Aunque reconocen que la pobreza y la exclusión social siempre han representado una realidad relevante, evidencian que desde el comienzo de la crisis, las políticas de austeridad se han manifestado con una gravedad que amenaza la cohesión de la sociedad y debilita el contrato social. Si a ello se suma que la concentración de una mayor riqueza se produce en cada vez menos personas, entonces el cumplimiento efectivo de los derechos sociales en condiciones de igualdad se ve obstaculizado.
En estas circunstancias, si el trabajo remunerado ya no representa una salvaguarda ante la pobreza en muchas situaciones y no ejerce como mecanismo suficiente para la integración social plena ni para la redistribución de la renta, posiblemente el Estado de Bienestar no esté cumpliendo con su cometido y estemos asistiendo, sin darnos cuenta, al desmantelamiento de la ciudadanía y sus derechos.
