Si el contrato que firmó Mariano Rajoy con sus electores fuera hipotecario, le habrían desahuciado hace muchos meses. No hay una cláusula que no haya incumplido. Faltaba una reducción de las pensiones y la acaba de anunciar. Es un tramposo. No tiene absolutamente ningún crédito en lo que diga o haga en el tiempo que le queda en el Gobierno.
Una destrucción sistemática y progresiva del estado de bienestar, amparándose en las imposiciones de los organismos internacionales que va a dejar a España en escenarios de hace treinta años. Los ricos seguirán siendo cada vez más ricos y los trabajadores y las clases medias han interrumpido sus vidas y sus sueños para retroceder como personas.
Esto es un crimen, aunque no esté tipificado en el código penal. Una vez más, quienes tienen la capacidad de decidir sobre nuestras vidas, van a destruir millones de sueños personales y colectivos.
Una vez más, en nombre de la libertad de mercados que se ha infiltrado, de forma obscena, en la libertad de los ciudadanos.
No queda otra opción que una rebelión activa, pacífica y decidida para cortar este proceso de aniquilación de los derechos civiles. Si los partidos políticos y los sindicatos no consiguen reunir el crédito y la entereza para canalizar estas reclamaciones, serán desbordados por la sociedad civil.
Cada una de las agresiones a cada colectivo -pensionistas, parados, funcionarios, médicos y personal sanitario y trabajadores- debiera tener una respuesta unida ante una agresión fraccionada pero universal. No hay tiempo para esperar porque éste se ha agotado ya y ha bloqueado varias generaciones en su propia esperanza.
Ya solo depende de todos y cada uno de los afectados porque solo están al margen los privilegiados que siempre se apoderan del destino de los ciudadanos.
