El caso de un joven albañil fallecido en 2008 en las obras del Hospital Universitario se estudia en el Juzgado de lo Penal Número Dos de Ceuta A diario, las distintas jurisdicciones que operan en nuestra ciudad acogen decenas de casos, litigios que se han de dirimir en la salas de lo Penal número Uno y Dos, de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, del Juzgado del Menor o de las seis de Instrucción y Primera Instancia. Acusados de haber incurrido en delitos de robos, tráfico de droga o contra la seguridad del tráfico, van desfilando personas para responder por la imputación en cuestión mientras los jueces van resolviendo los casos y haciendo Justicia.
Pero de toda la montaña de papeles, de todas las cientos de historias que al mes se dirimen en los Juzgados, sólo quedan en la memoria de la mayoría unos cuantos episodios, como es el caso que nos ocupa: un joven natural de Gambia que, trabajando en la obra que concluyó siendo el Hospital Universitario, encontró el peor de los caminos de la vida: la muerte. Cruel y dolorosa, como agravantes.
Sucedió a primera hora del viernes 24 de octubre de 2008, fatídica jornada en la que el operario gambiano falleció mientras realizaba trabajos de albañilería y ayer, casi cinco años más tardes, el juicio programado para esclarecer si hubo negligencia de la empresa en la que operaba, quedó nuevamente suspendido si bien en esta ocasión se ha dado un paso que puede ser definitivo: se ha alcanzado dar con la existencia de familiares del joven fallecido, los legítimos beneficiarios de la indemnización, si es que la hubiera, toda vez que se pronuncie el magistrado juez titular del Juzgado de lo Penal número Dos, competencia en la que está encuadrado el caso.
De tal modo, y pese a quedar suspendido el juicio, el caso toma una nueva dimensión para poder, ahora sí o sí, honrar la muerte del operario en la vía judicial.
Porque una especie de honra sería la de condenar (o no si no hubiera pruebas de cargo que demostraran lo que estima el Ministerio Fiscal, que pide cárcel para el jefe de obras de la empresa y para el representante legal de la misma) a quien, según recoge Fiscalía en su escrito, no facilitó las condiciones óptimas (ni mínimas) para un seguro ejercicio de la profesión.
Así, el gambiano falleció mientras realizaba labores de sellado de pavimento bajo la dirección de los dos acusados en una habitación sin luz natural ni ventilación, 'zulo' en el que además pegaba baldosas utilizando un pegamento de carácter altamente inflamable, una herramienta de alisado y un foco halógeno portátil, una mezcla que hizo que se produjera una fatal explosión. Luego, ya se sabe: quemaduras superiores al cincuenta por ciento del cuerpo, muerte y ningún familiar que vele al difunto.
Por estimar que incurrieron en un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave, el Ministerio Fiscal solicita para los llamados J.G.R. y P.Z.V., jefe de obras y representante legal de la empresa respectivamente, una pena total de un año y seis meses de prisión así como una multa de treinta euros al día durante doce meses, lo que se traduciría en el pago de 10.800 euros. Además, la Fiscalía deja la indemnización a expensas de que se ejecute la sentencia y que iría a parar a los familiares del fallecido, ese joven trabajador natural de Gambia que, una mañana mientras se ganaba el pan tan lejos de su país, de su familia, de sus costumbres, tan lejos de todo, en definitiva, encontró la muerte.
