El juicio contra un antiguo responsable de una residencia benéfica católica se suspende al añadirse una testifical que puede ser clave Aunque en un principio estaba prevista para la mañana de ayer la celebración de un juicio en la sala de lo Penal número Uno en el que se le imputa a un hombre la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, finalmente quedó suspendido para octubre al interesarse la citación de una persona (un testigo) que pudiera resultar claves para esclarecer el caso.
De tal modo, habrá que esperar para saber si el hombre, cuya identidad responde a las iniciales J.H.P.B., es culpable de los cargos que se le imputan, como así entiende el Ministerio Fiscal, que solicita para el acusado una pena de prisión de cuatro años (dos por cada delito) así como que indemnice a la Hacienda Pública Estatal en 1.057.294,14 euros, cantidad que estima que defraudó al fisco.
Además, el Ministerio Fiscal pide que pague dos multas, una por cada delito contra la Hacienda Pública, la primera de 2.111.991 euros y la segunda de 4.231.772.
Respecto a los hechos es preciso remontarse a la época en que el llamado J.H.P.B. actuaba como presidente y administrador de la Asociación Benéfica y Católica 'Obreros de la Cruz', una entidad que nació con el objeto principal de prestar asistencia y servicios sociales a disminuidos y que su carácter solidario la eximía de abonar IVA alguno.
Así, y en diferentes fechas, el acusado, supuestamente y a la espera de que sea la Justicia la que se pronuncie en un sentido u otro, realizó con ánimo de defrudar a la Hacienda Pública diversos arrendamientos que tenía concertados con empresas privadas, sociedades mercantiles o entidades físicas con las que previamente había negociado y llegado a un acuerdo de compraventa de terrenos, inmuebles o fincas.
Toda vez que recibía la cantidad de dinero acordada, normalmente muy elevada, el acusado no presentaba, como estima la Fiscalía, ninguna autoliquidación trimestral ni anual del IVA, como estaba obligado tributariamente, omitiendo el ingreso en cuestión y defraudando con ello el pago del impuesto IVA, como si de la entidad benéfica que presidía se tratara.
En este sentido, cabe destacar que el 22 de junio de 2001, según recoge el escrito fiscal, el acusado vendió a una sociedad mercantil un edificio destinado a una residencia de ancianos de Conil recibiendo de la parte compradora 105.778 euros sólo en concepto de IVA, cantidad que no declaró y que pudo quedarse.
