Llevan el mismo uniforme, similares armas reglamentarias, probablemente algunos hayan coincidido en la escuela de formación de Ávila, pero no es lo mismo ser agente de la Policía Nacional en la península que en Melilla.
Al menos, no es lo mismo serlo en la península y en los puestos fronterizos de nuestra ciudad. Allí, muchas veces se observan escenas impensables en otros puntos del país. En ningún otro sitio un individuo se atrevería a intentar imponer por la fuerza su voluntad a un agente del Cuerpo Nacional de Policía. El último de estos sucesos tuvo lugar en Farhana el pasado lunes, cuando un inmigrante argelino entró en Melilla de manera ilegal y violenta al arremeter contra los agentes que pretendían darle el alto. Los dos policías están de baja debido a las heridas que les provocó este individuo. A uno de ellos le lesionó el brazo, en el que necesitó varios puntos de sutura. Y al otro le causó magulladuras en brazos y piernas.
¿Ocurren hechos similares al otro lado de la frontera, en territorio marroquí? Muy probablemente la respuesta sea no. Allí los agentes imponen un mayor respeto fruto de las consecuencias que indudablemente acarrea el más mínimo acto de desobediencia.
A este lado, como no puede ser de otra forma, los policías nacionales y guardias civiles se mueven bajo unas leyes que garantizan tanto los derechos de los agentes como los del resto de los ciudadanos. Al menos ésa es la teoría, ya que esos objetivos que persiguen nuestros legisladores a la hora de establecer normas deberían ir acompañados por los hechos.
En el caso del inmigrante que lesionó a los dos agentes, su condición de extranjero no tiene que darle ningún privilegio en el proceso judicial al que debe ser sometido. Debe afrontar las consecuencias penales de su acción con la misma dureza que las afronta el autor de las mismas cuando es un ciudadano español y el escenario del suceso es algún municipio de la península. Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no están revestidos de menos autoridad en Melilla ni merecen menos respeto por parte de un inmigrante que de un ciudadano español.
Probablemente sea cierta la necesidad de mejoras en los puestos fronterizos que reclaman los sindicatos policiales UFP y SUP. Sin embargo, no serán suficientes por sí mismas para acabar con las agresiones contra los agentes. Además de proteger a los policías con elementos físicos que dificulten que sean víctimas de acciones violentas, es necesario dotar a los agentes de una autoridad y respeto que sólo se gana cuando cada atentado contra la autoridad se castiga con una condena justa y ejemplarizante.
¿Por qué en el Reino Unido, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda y Noruega los agentes no llevan armas de fuego al realizar labores de patrulla y esos cinco países registran unas menores tasas de criminalidad que las de Estados Unidos, donde los policías van armados hasta los dientes? Probablemente, la respuesta esté en la labor conjunta y coordinada de legisladores y jueces; los primeros aprobando leyes coherentes y los segundos haciéndolas cumplir de manera rigurosa. Alguno de estos dos requisitos (o los dos) no se cumple en nuestra ciudad.
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