El juzgado de guardia en Ceuta deberá determinar si cabe delito en la actuación de un agente de la Policía Local denunciado por la Guardia Civil tras ser sorprendido en el puerto en posesión de un atún rojo.
Su pesca está prohibida. De hecho, si pica hay que devolverlo al mar, sin muerte.
La intervención fue realizada por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, después intervino el Seprona ante la presunta comisión de un delito contra la flora y fauna que ahora debe ser esclarecido.
Fue en uno de los pantalanes del puerto, cuando componentes de esta unidad del Instituto Armado detectaron al denunciado en posesión de un ejemplar de atún rojo de 30 kilos recién pescado para ser troceado.
Los agentes certificaron que no llevaba autorización, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales, además de que se había incurrido en una pesca prohibida, procediendo a la intervención del atún.
De inmediato actuaron los componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, que trasladarán las diligencias al juzgado previsiblemente este viernes.
De la intervención judicial derivará si se está ante una sanción administrativa o penal. Hay variables a tener en cuenta en el caso de que se considere que se ha incurrido en un delito contra la flora y fauna.
Por ejemplo, la notoria importancia (cantidad pescada), el no disponer de licencia o autorización, hacerlo fuera de los periodos permitidos por ley o destinarlo a un comercio o venta no autorizados.
Las consecuencias pueden ser multa de hasta 60.000 euros o derivar en una responsabilidad penal, si se considera que se ha incurrido en ese delito atendiendo esas y otras variables.
Se considera delito contra la flora y fauna cualquier acción ilegal que perjudique a las especies silvestres o sus hábitats, incluyendo la tala, recolección, posesión, comercio o destrucción de plantas protegidas, y la caza, pesca o tráfico de animales protegidos.
También se consideran delitos la alteración grave de su entorno, la introducción de especies no autóctonas que desequilibren el ecosistema, y la caza con métodos destructivos.
Al margen de este caso en particular que deberá aclararse en los juzgados, en Ceuta se está ante prácticas de pesca furtiva en las que incurren pateras de pescadores de Marruecos, lo que supone un grave daño ambiental.
Las mismas han sido harto denunciadas, incluso con grabaciones de la manera de proceder que tienen y el daño que causan a las especies.
El peligro añadido se encuentra en el destino de esa pesca, en si termina vendiéndose al sector hostelero o a particulares sin haber pasado por ningún control sanitario, con las consecuencias que eso puede tener para la población consumidora de pescado sin seguir por los cauces oficiales y regulados.
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