La propuesta del delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, de poner orden en el desaguisado mundo fraudulento de los pisos patera y las residencias ficticias va avanzando. La Policía Local, que es la que tiene encomendada las competencias de revisión del padrón, está investigando al menos una decena de este tipo de pisos: viviendas distribuidas por la ciudad en las que ya registrados entre 15 o 20 personas. ¿Puede haber un piso que no llega a los 50 metros cuadrados en los que hay censadas 25 personas? No es que puede, es que lo hay. Ahora lo que se está haciendo, según fuentes de la Ciudad Autónoma, es revisar esas viviendas cuya atípica situación ya ha sido puesta encima de la mesa por la Policía Local.
De momento se está trabajando sobre viviendas en las que hay registrados sólo extranjeros, dando parte de las incidencias existentes tras comprobar que los allí registrados no residen en la vivienda o lo hacen de forma irregular. “La revisión se está haciendo de manera exhaustiva”, explican dichas fuentes, lo que ya se ha traducido en una baja de aquellas residencias que eran fraudulentas. ¿Y de los otros fraudes, los que protagonizan aquellos que residiendo en la península reflejan una residencia ficticia para obtener beneficios fiscales?
Sobre estos últimos la Policía Local no ha llevado a cabo actuación alguna, pero sí lo ha hecho el área de Hacienda que ha cursado cartas a funcionarios en donde se advierte de su irregular residencia declarada.
El próximo mes de septiembre habrá una reunión entre Delegación y Ciudad para conocer el avance de estos trabajos, ofreciendo ya los primeros datos obtenidos de esta labor.
Se trata de poner orden en lo que hasta la fecha era un caos, reorganizando así el sentido del dinero que se invierte en la ciudad. Hay personas que demuestran fraudulentamente una residencia en Ceuta y que terminan beneficiándose de una ayuda o, finalmente, logran la nacionalidad. Mientras, otras personas que sí necesitan esas ayudas y que realmente viven en Ceuta, se quedan sin poder nutrirse de esos servicios. Esto es algo que los ciudadanos han denunciado, sobre todo por las adjudicaciones de viviendas o por la distribución de los planes de empleo, pero hasta la fecha no se había dado orden de emprender un análisis exhaustivo y una revisión del padrón.
¿En cuánto se valora económicamente ese fraude? La Delegación ve imposible su cuantificación, ya que dicho fraude salpica a varias áreas, pero eso sí, advierte que puede alcanzar el millón de euros. Cobro del desempleo, ayudas sociales, residencias que no son tales, matrimonios fraudulentos, obtención de papeles, nacionalidad... se dan la mano en la maraña de subterfugios legales de los que pretende beneficiarse un grupo cada vez más importante de personas.
