Un agente de la Policía Local de Ceuta permanece en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad documental cuya instrucción lleva el Juzgado de lo Penal número 2.
Tras una investigación llevada a cabo por la Brigada Provincial de la Policía Judicial grupo de UDEF-Delitos Tecnológicos, cuyos agentes procedieron a su detención tras las elecciones municipales y posterior puesta en libertad con cargos, se trata de esclarecer el comportamiento que tuvo este componente del Cuerpo municipal con un vecino a quien multó por una infracción de tráfico que nunca cometió.
Entre las diligencias que se han practicado hasta el momento figura la toma de declaración al policía denunciado -que se acogió a su derecho a no declarar tanto en sede policial como judicial- así como a su compañero, al figurar tanto su número como firma en la denuncia de tráfico que se expidió pero que niega haber rubricado.
También se han realizado las pruebas caligráficas para verificar a quién pertenece entonces esa firma continuándose con la instrucción. Por parte de la Consejería de Gobernación se ha aplicado el protocolo que ordena la suspensión de cualquier expediente mientras se está en fase de indagación judicial sobre la posible comisión de un delito.
El origen de este caso se sitúa en enero y ha experimentado varias ampliaciones de denuncias por parte del denunciante conforme han ido pasando los meses, terminando el asunto en el juzgado y bajo investigación.
Comienza cuando el denunciante traslada al 112 la realización de una obra por parte del agente municipal que podría causar riesgos en el bloque de vecinos, comunicándolo para que se corroborara el cumplimiento de las medidas para desarrollarla.
Después de esa llamada comenzarían las amenazas, rotura de la tapicería de los asientos de su motocicleta para, finalmente, recibir una multa de tráfico por haberse saltado un semáforo en rojo a una hora y en un lugar en el que era imposible que estuviera porque está confirmado oficialmente que se encontraba en su puesto de trabajo y el vehículo a dos ruedas estacionado en el garaje.
Esa multa está firmada por el agente denunciado y por su compañero. Este último, en cambio, no reconoce la rúbrica de ese boletín como suya ni tampoco que se hiciera un control de tráfico en la zona en donde supuestamente se habría cometido esa infracción de tráfico y a esa hora. El binomio no se encontraba allí.
Esta cadena de hechos es la que está ahora mismo bajo instrucción judicial por lo que desde la Ciudad Autónoma se indica que hasta que se resuelva este procedimiento no se puede actuar por la vía interna.
La investigación policial, realizada por el Cuerpo Nacional de Policía, ha terminado con las actuaciones practicadas y las conclusiones recogidas en el atestado presentado en el juzgado.
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