Los poderes de un Juez

Hay poderes que se enseñan en las facultades de Derecho. La potestad jurisdiccional, la independencia, la sumisión a la ley, la capacidad de interpretar normas y proteger derechos. Son los poderes visibles, los que figuran en los manuales y en los artículos de la Constitución. Pero existe otro poder, más discreto, más silencioso, más difícil de detectar: el poder del tiempo. La justicia no solo habla por lo que dice. Habla, sobre todo, por cuándo lo dice.

En un sistema judicial donde los plazos para dictar sentencia son, en la mayoría de los casos, orientativos y no vinculantes, el calendario se convierte en un instrumento con efectos políticos, sociales y mediáticos que nadie menciona, pero que todos perciben. Un juez puede dictar una sentencia en julio o en septiembre, en plena campaña o después de ella, en medio de un debate nacional o cuando el país está mirando hacia otro lado. Y esa elección —legal, legítima, discreta— puede alterar el clima político sin necesidad de que nadie lo pretenda. Ese es uno de los poderes de un juez. Un poder que no aparece en los códigos, pero que pesa.

El Tribunal Supremo tardó años en resolver el recurso sobre las devoluciones en caliente. Años de informes, recursos, escritos, acumulaciones y silencios. Pero la sentencia apareció en los primeros días de julio, justo cuando Ceuta y Melilla viven su máxima presión migratoria anual.

Julio no es un mes cualquiera en la frontera sur. Es el mes en que el mar se vuelve más amable, en que las rutas se intensifican, en que las fuerzas de seguridad trabajan al límite. Es el mes en que cada decisión institucional tiene un eco inmediato. No había urgencia procesal. No había plazo legal. No había riesgo de caducidad. El Supremo podía haber esperado a septiembre, cuando la frontera respira. Podía haber esperado a octubre, cuando el debate político se enfría. Podía haber esperado a noviembre, cuando las instituciones recuperan su ritmo. Pero eligió julio.

¿Casualidad? Tal vez. Pero la coincidencia temporal es demasiado perfecta como para no levantar preguntas. Una sentencia que anula los “rechazos en frontera” y desautoriza las devoluciones en caliente, dictada en plena temporada de entradas masivas, tiene un impacto político directo, aunque nadie lo haya buscado. Y un efecto llamada evidente. Ese impacto es un poder. Un poder silencioso, pero poder al fin.

La llamada Ley de Nietos —la interpretación del Código Civil sobre la nacionalidad de descendientes de españoles— estuvo tres años en manos del Tribunal Supremo. Tres años sin doctrina. Tres años sin claridad. Tres años sin respuesta. Y, sin embargo, la sentencia apareció justo cuando el debate político sobre la memoria democrática y la nacionalidad estaba en su punto más caliente. Otra vez, sin plazo legal. Otra vez, sin urgencia procesal. Otra vez, con un impacto político evidente. La justicia no interviene en política. Pero sus tiempos sí pueden influir en ella. Y eso, también, es un poder.

El caso más inquietante es el de la Audiencia Nacional. La jueza María Tardón, con un pasado político conocido —fue concejala de Seguridad del PP en Madrid— abrió una causa sobre la entrada irregular de inmigrantes en apenas 48–72 horas, un plazo extraordinariamente rápido para la Audiencia Nacional. Dictó una orden insólita, prohibiendo a la Policía informar al Ministerio del Interior, pese a que el asunto afecta directamente a la seguridad nacional. Y el informe se filtró justo el día antes de la convocatoria del PP frente a los Ayuntamientos por el “Día de Ceuta”, el 2 de septiembre.

No hay pruebas de coordinación política. No las hay, y nadie debe afirmarlo sin evidencias. Pero la secuencia temporal es, como mínimo, extraordinariamente llamativa. Cuando una causa se abre con una rapidez inusual, cuando se dictan medidas excepcionales, y cuando la información aparece en el momento políticamente más rentable para un partido, la apariencia de imparcialidad se resiente. Porque en democracia, la justicia no solo debe ser imparcial. Debe parecerlo.

Los jueces no controlan el Parlamento. No controlan el Gobierno. No controlan los partidos. Pero sí controlan algo que, en política, es oro puro: el tiempo. Pueden dictar una sentencia en el momento más sensible del año o en el más irrelevante. Pueden acelerar una causa o dejarla reposar. Pueden abrir diligencias en 48 horas o en seis semanas. Y esa capacidad —legal, legítima, discreta— puede alterar el clima político sin necesidad de que nadie lo pretenda.

No se trata de acusar. Se trata de señalar un hecho evidente: Cuando las sentencias aparecen en momentos políticamente sensibles, la justicia corre el riesgo de parecer parte del calendario político. La ciudadanía no pide privilegios. Pide algo mucho más sencillo: que las decisiones judiciales no parezcan sincronizadas con los intereses de ningún partido.

Ese es el poder de un juez. Un poder que no está en los códigos, pero que existe. Un poder que no se enseña en las facultades, pero que influye. Un poder que no se reconoce en las leyes, pero que pesa. Y por eso conviene recordarlo. La justicia no solo debe ser independiente. Debe parecerlo. Siempre.