Treinta trabajadores de la
Fundación SAMU en Ceuta, aproximadamente un tercio del total, han anunciado este miércoles que se plantea desarrollar movilizaciones tras dos meses de “impagos y retrasos” en el cobro de sus nóminas, incidencia que la empresa atribuye a las deudas acumuladas por la Ciudad con los pagos por el servicio de atención a
menores migrantes solos que presta en Piniers y La Esperanza. La administración local anunció la semana pasada que haría las transferencias de inmediato tras superar los reparos de la Intervención, pero la plantilla sigue presa de “indignación, malestar e impotencia”. “Hablamos de profesionales que han hecho y siguen haciendo frente a la mayor crisis humanitaria vivida en nuestro país tras la entrada masiva de mayo del 2021 con el máximo compromiso y entrega enfrentándose en muchas y repetidas ocasiones a situaciones límite”, han explicado este martes en un comunicado después de que tanto en julio como en agosto no percibiesen sus retribuciones a tiempo, sino tarde y de manera parcial. Tal y como han recordado, “la Dirección de la empresa afirma que desde enero hasta julio de 2022 ha abonado las nóminas de sus propios recursos como consecuencia de los impagos por parte de la administración, la Ciudad Autónoma, pero a pesar de los últimos anuncios de pago por parte de
la Ciudad a la Fundación, las trabajadoras y trabajadores vuelven a enfrentarse a impagos y retrasos en el cobro de sus nóminas”. Según los empleados, “desde SAMU se nos comunica a la
plantilla que no ha recibido los correspondientes pagos por parte de la administración y que no puede seguir haciendo frente al pago de nóminas con recursos propios”. “La indignación es aún mayor, máxime cuando pesa sobre la Ciudad un Acuerdo Plenario que obliga a la administración a pagar a las entidades que le prestan un servicio, compromiso que garantizaría la estabilidad laboral y económica de los trabajadores evitando que, como en este caso, casi un centenar de familias se vean en esta situación que definen como límite”, han subrayado. “El sentimiento de impotencia es máximo por parte de profesionales que trabajamos y no cobramos: nos sentimos rehenes de un conflicto entre la Fundación y la Ciudad cuyas consecuencias recaen sobre nosotras, la parte más débil”, han señalado en una nota en la que han advertido que “la situación es tan extrema que acabará con un centenar de profesionales en la calle y cerca de 200 niños y niñas vulnerables sin atención”. Por todo ello han “exigido” acabar con esta situación “de incertidumbre constante”. “Sólo pedimos cobrar nuestras nóminas, por lo que ante la indiferencia y silencio como contestación a esta situación estamos estudiando llevar a cabo movilizaciones hasta que nuestras justas demandas obtengan respuesta”, han concluido.