La Comisión Ejecutiva del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Ceuta ha aprobado los criterios, baremos y cupos que se aplicarán para la selección de los beneficiarios de los Planes de Empleo 2023-2024, que contarán con un presupuesto de casi 10,9 millones de euros.
El acuerdo alcanzado, criticado por la Ciudad pero respaldado por los votos a favor tanto de la patrona como de los sindicatos mayoritarios, mantiene como requisito para poder ser beneficiario de los programas que se pongan en marcha desde la administración local el llevar al menos dos años de empadronamiento previo en Ceuta.
Ese fue el tiempo mínimo que se acordó exigir el año pasado, cuando se rebajo a la mitad después de que tanto en 2019 como en 2020 y 2021 se reclamase un plazo de cuatro años de inscripción en el Padrón como residente para tener opciones de ser contratado.
El baremo mantiene la puntuación que se otorgará a los seleccionables por antigüedad como demandantes de empleo en las listas del SEPE (0,1 puntos por mes y 0,5 por año completo) y tampoco varía el peso de las cargas familiares: 0,6 por persona más 0,6 en el caso de que sean más de tres.
La formación se ponderará con un punto por curso realizado en alguna de las tres últimas convocatorias hasta poder sumar un máximo de tres.
Dos puntos recibirán quienes no hayan trabajado en ningún Plan de Empleo anteriormente (en 2016 se llegó a primer con cinco este mismo supuesto).
Ser mayor de 45 años también dará derecho a recibir un punto adicional en la ordenación de los aspirantes que realice el SEPE de Ceuta.
Una de las novedades más significativas que se han introducido en los parámetros de confección del proceso de selección de desempleados se refiere a los cupos establecidos.
En los Planes de Empleo 2023-2024 se reservará un 10% de los contratos, que presumiblemente serán más de medio millar, para perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Además, se ha recuperado un porcentaje (concretamente, del 7%) para beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) de la Ciudad, aunque al Ejecutivo de Vivas le ha parecido demasiado poco si se tiene en cuenta que en 2015 el cupo para ese colectivo llegó a ser del 35% y de entre el 15% y el 20% entre 2016 y 2021.
La Comisión Ejecutiva mantiene en un 7% la reserva de contratos para personas con discapacidad, como en toda la serie histórica, y ha elevado al 6% el cupo para víctimas de violencia de género, para las que se había guardado un 4% en años previos.
Los condenados en situación de tercer grado tendrán asegurado un 2% de los contratos y los drogodependientes, el mismo porcentaje (dos décimas más que en 2022).
Para víctimas del terrorismo se ha acordado guardar una plaza y para los titulares de las demandas más antiguas registradas en el SEPE, un 9% (el año pasado había desaparecido un cupo que en ejercicios anteriores había llegado a ser del 20%).
Finalmente, el programa de inserción laboral de mujeres promovido con fonos europeos se verá atendido con un 3% de los contratos, muy lejos del 30% que se fijó el ejercicio pasado.
La normativa en vigor establece que los trabajadores que sean contratados para la realización de obras y servicios en programas financiados por Estado como los Planes de Empleo, que este año se volverán a vehicular por la vía de la colaboración con la administración local, deberán ser inexcusablemente “desempleados inscritos en la Oficina de Empleo”.
A partir de ahí, los candidatos se pueden seleccionar teniendo en cuenta diferentes criterios como “mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado”; “condición de discapacitado del demandante de empleo”; o “nivel de protección por desempleo de los posibles beneficiarios”.
La Ciudad Autónoma volvió a hacerse cargo el año pasado de la gestión de los Planes de Empleo que había recuperado la Delegación, que se negaba a pagar a los beneficiarios las cantidades que exigía la Justicia.
En los últimos programas se incorporó a más de 600 desempleados (aproximadamente dos tercios con baja cualificación) con contratos a jornada completa o parcial durante 8 o 9 meses, según el programa, y retribuciones de entre 1.415 y 2.802 euros al mes.
Residencia previa mínima de dos años. Para los Planes de Empleo 2023-2024 se repetirá como requisito llevar al menos dos años de empadronamiento en Ceuta, igual que en la última edición de los programas. En años anteriores se había exigido hasta cuatro de residencia previa.
Sin cambios. La antigüedad como demandante de empleo se seguirá valorando con 0,1 puntos por mes y con 0,5 por año completo. Tampoco hay novedades con las cargas familiares: 0,6 por persona y otro tanto si se trata de más de tres.
Cupos para IMV e IMIS. Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y del Ingreso Mínimo de Inserción Social tendrán reservados un 17% de los contratos, que presumiblemente serán algo más de 500.
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