Las instituciones pueden y deben hacer mucho más con las empresas que tienen un comportamiento impropio con sus trabajadores. No se puede permitir que quien no abona sus salarios siga gozando de todas las herramientas posibles para llevarse concursos públicos con ofertas a la baja, ofertas temerarias que son además prácticamente inviables. Las penalizaciones deben ser inmediatas ante incumplimientos o comportamientos evidentes, sin esperar a que existan sentencias condenatorias en firme.
Debe haber un sistema de protección que repercuta positivamente primero en los propios trabajadores -garantizando que cobren sus sueldos- y, segundo, en las demás empresas que aspiran a llevarse contratos y que se quedan siempre atrás porque no pueden competir con las tan bajas que, a modo de trampa, presentan quienes saben a ciencia cierta que no podrán cumplir con la calidad debida. Creo que les da igual, porque tropiezan con gusto en la misma piedra.
Las instituciones tienen que proteger lo público hasta el extremo, tienen que ser duras, celosas y garantes de una protección que blinde los contratos de tal manera que no todo valga, que no se den circunstancias en las que empresas conocidas por su mal hacer, empresas que salen en los papeles por no pagar ni cuidar a sus empleados, terminen siendo beneficiadas gracias a esas artes que les terminan convirtiendo en poderosas y, a su vez, hundiendo a otras empresas respetables que quieren optar a ofrecer esos servicios con garantías.
Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado y ampararse en que no hay sentencias firmes. No todo lo tiene que solucionar un juez. No todo tiene que buscar el paraguas de esta forma cobarde.
Los precedentes deben servir y los controles tienen que ser ejecutados tan al detalle que no se puede permitir que haya empleados trabajando meses y meses sin cobrar, además de estar amenazados y cuestionados si deciden abrir la boca y protestar.
No todo vale. En Ceuta tenemos varios casos de empresas que se llevan contratos públicos y no rinden como deben, de adjudicatarias que se llevan concursos y al final ni siquiera hacen las funciones encomendades más básicas. El perjudicado es el ciudadano pero también quienes se quedan siempre fuera porque se presentan con la legalidad por bandera y no con engaños. Los piratas no pueden salir siempre triunfadores. No pueden ni tampoco deben.
