En la madrugada del 24 de marzo de 2019, la UCRIF de la Policía Nacional asestaba un duro golpe contra una red de tráfico de inmigrantes encargada de introducir magrebíes de Ceuta a la Península. No fue una intervención más. La particularidad de aquel golpe se centraba no ya solo en la coordinación de todos sus miembros, sino en la inclusión dentro del esqueleto de la red de un sicario que amenazaba a los inmigrantes por si, abortado el pase, exigían la devolución del dinero. Hasta 16 personas están acusadas de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y para todos ellos la Fiscalía solicita importantes penas de cárcel. Algunos todavía se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, aún sin fecha, será sometido a dictamen de la Audiencia Provincial.
Según la calificación provisional del Ministerio Público a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta, para seis de los acusados -entre ellos dos matrimonios-, Fiscalía pide penas de 10 años de cárcel. Para otros tres, la pena es de 8 y para el resto, seis años. Será uno de los juicios más complicados dada la cantidad de acusados que deberá responder de su presunta relación con el traslado de magrebíes en embarcaciones a los que cobraban entre 1.500 y 4.000 euros por pase; ganancias que luego eran repartidas entre todos los implicados.
La organización disponía de pisos patera para ocultar a los inmigrantes que entraban por el Tarajal a pie, contaba con un taxista colaborador en los traslados y un sicario que amenazaba a los que, al haber fracasado el pase, amenazaban con acudir a denunciar a la Policía. Fueron muchos meses de investigación y seguimientos para situar, como si de un rompecabezas se tratara, a cada miembro de la red según el papel que desempeñaba. La Fiscalía mantiene que los dos matrimonios que fueron detenidos eran los principales responsables de la actividad, organizando el ‘negocio’ y dando órdenes al resto de participantes en la comisión del delito.
Se compraban embarcaciones, motores, material para el transporte además de garantizar el cobro del pase a todos los inmigrantes que eran escondidos en viviendas situadas en el Príncipe, en Loma Colmenar (en una casa de protección oficial) y en Poblado Regulares. Eran como pisos patera donde se mantenían a los magrebíes hasta que llegaba el momento de su traslado a la Península, fecha en la que se les trasladaba a unos alojamientos abandonados en Pino Gordo, al lado de la playa de la Bolera y la del cementerio para sacarlos de manera más fácil en las embarcaciones neumáticas que almacenaban.
En los registros de las viviendas se encontró una pistola simulada del sicario
En la red figuraban transportistas, entre ellos un taxista que en horas fuera de servicio prestaba apoyo a la organización para trasladar inmigrantes de noche o de madrugada. La red funcionaba sin dejar espacio al error: dirigentes, pasadores, transportistas, el sicario... pero también los vigilantes que se encargaban de que los inmigrantes no salieran de Pino Gordo hasta su marcha por vía marítima.
Algunos pases salieron bien, otros fueron abortados y quedaron narrados en las crónicas periodísticas del momento como servicios de rescate de la Guardia Civil o de Salvamento Marítimo. Pero detrás, la Policía trabajaba sin adelantarse, a sabiendas de que esas intervenciones tenían un nexo común porque partían del mismo origen: la red del sicario al que nunca se le pudieron poner los grilletes y que se encuentra en situación de rebeldía.
Tras fructificar el operativo con varias detenciones, la UCRIF encontró en las viviendas registradas documentación, anotaciones, dinero y trajes de neopreno así como material relacionado con las embarcaciones. Pudo verificar que varios de los pases desarrollados en 2018 y 2019 tenían detrás el sello de esta red. En ese periodo la presión migratoria fue notable en Ceuta con salidas constantes de marroquíes en embarcaciones controladas desde el mismo punto. En los registros, la UCRIF encontró un arma simulada, pero siempre sospechó que el sicario portaba otras de fuego para amenazar a los inmigrantes y evitar posibles avisos a la Policía de lo que estaba sucediendo y de cómo perdían su dinero y el pase.
La intervención se llevó a cabo de madrugada, en marzo de 2019 en varias barriadas
En el marco de las operaciones ejecutadas para descubrir organizaciones dedicadas a la introducción en Ceuta de personas y posterior embarque clandestino a la Península, esta fue una de las de mayor relevancia policial porque se puso de manifiesto la manera estructurada de funcionar de todos sus miembros, pero sobre todo la forma en que los propios magrebíes eran amenazados para no desbaratar los planes de la red e impedir que las fuerzas de seguridad dieran el paso para liberarlos.
Hubo pases de 2018 y 2019 atribuidos a la operatividad de esta organización
La investigación sirvió para encuadrar varios pases en el periodo de tiempo en el que la red permanecía activa. De hecho, en el momento de la operación se localizaron a varios inmigrantes dentro de una de las viviendas en donde se practicaron las detenciones. Puestos a disposición judicial, el juzgado de instrucción ordenó la entrada en prisión sin fianza de varios de los implicados además de mantener durante un tiempo el secreto de sumario para proteger las actuaciones de la Policía Nacional que permanecieron durante unos meses en activo para intentar dar con más presuntos partícipes de la red.
Disponían de coches para el traslado de inmigrantes y de un taxista colaborador
A juicio tendrán que comparecer los investigadores, se conocerán los métodos de prueba empleados y las grabaciones, así como las declaraciones de víctimas que eran previamente ‘marcadas’ para su renocimiento por parte de quienes tenían que encargarse de su traslado desde la frontera del Tarajal hasta las casas patera.
Una operación medida al detalle
La operación policial llegó a su fin con el arresto de 20 personas, de las que 16 terminan siendo acusadas y tendrán que comparecer en la vista oral cuando se señale. Tras la finalización de la instrucción y la presentación de la calificación provisional del Ministerio Fiscal, solo queda conocer la fecha de juicio en torno a una de las operaciones más mediáticas de aquel año y que obtuvo una de las respuestas judiciales más contundentes.
Y no sería conveniente, pedir veinte años de cárcel para Mohamed VI, por permitir que salgan de su país.