El
Ministerio Fiscal ha formulado escrito de acusación contra el que fuera maestro de Educación Física del
colegio Ramón y Cajal, para el que pide que le sea impuesta una pena de 15 años de prisión por su presunta implicación en un delito de
agresión sexual a menores, según se recoge en la calificación provisional que se llevará a juicio oral cuando sea señalado por el máximo órgano judicial en Ceuta, la Audiencia.
A la petición de cárcel añade una orden de prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 100 metros así como de comunicarse con ella durante un tiempo superior en 10 años al de la pena de prisión que considerara el tribunal. Solicita además el Ministerio Público la imposición de la medida de seguridad de libertad vigilada durante 10 años consistente en la participación en programas de educación sexual amén de
la inhabilitación especial para el desarrollo de cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores durante un tiempo superior a cinco años al de la pena de privación de libertad que se imponga. A esto se añade una indemnización por daños morales.
A valoración del Ministerio Público, el acusado, en su condición de maestro de Educación Física de ese centro escolar, en un periodo anterior a febrero de 2020,
habría incurrido, presuntamente, en una agresión sexual a una menor de 4 años. Detalles que no deben trascender al ámbito público ni periodístico al tratarse de unos hechos que afectan a una menor y de esa edad.
En febrero de 2020, la Policía Nacional procede a la detención del ahora ya ex maestro de este centro
Fue en noviembre de 2020 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 acordó, a petición precisamente del Ministerio Fiscal,
la transformación en sumario de las diligencias previas abiertas a instancias de la Policía Nacional, después de recibirse denuncia por la comisión de un presunto delito respecto de una alumna del centro.
Fueron los facultativos del Hospital Universitario de Ceuta los que dieron la voz de alarma, iniciándose así el procedimiento que ha derivado en este caso, al haberse atendido a la menor en el clínico de Loma Colmenar.
Cuando se fije la vista pública Fiscalía tiene previsto solicitar la declaración de las profesionales forenses que hicieron los informes oportunos sobre este caso tras el examen de la menor, así como del personal del equipo psicosocial judicial que la trató.
Días después de la detención del acusado hubo una manifestación en su apoyo
En el marco de la investigación que llevó a cabo la Policía Nacional,
que contó con la entrada y registro en la vivienda del acusado, no ha trascendido que se hubiera encontrado algo extraño vinculado con la acción delictiva por la que ha sido investigado.
El afectado fue detenido en febrero de 2020, ordenándose su ingreso en prisión, centro que después abandonaría previo pago de fianza. Solo días después hubo una manifestación a las puertas de la Delegación del Gobierno protagonizada por cientos de docentes que quisieron mostrar su apoyo exponiendo pancartas con lemas como el de ‘docentes indefensos’.
No hay fecha oral para la vista, solo la calificación de la Fiscalía
No hubo pronunciamientos oficiales por parte de las instituciones como Delegación del Gobierno o Ministerio de Educación más allá de recalcar que se estaban aplicando los protocolos en vigor ante denuncias de este tipo, reseñándose que la primera alerta la había dado el propio hospital a donde había sido trasladada la menor al presentar dolores por lo que se había desarrollado una investigación obligada.
El cuerpo docente mostró públicamente su apoyo al afectado, en un momento en el que coincidió la publicación de otro caso que quedó finalmente archivado, sin responsabilidades penales.
Una vez sea fijado el juicio oral se podrán poner ante el tribunal las dos versiones sobre este asunto que arrojen luz sobre lo acontecido, contando por un lado con la calificación de hechos de la Fiscalía y por otro la acción de la Defensa.