El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta dejó visto para sentencia un juicio por un delito de estafa continuada que supuestamente el acusado había realizado tras fraude en la contratación de seguros de vehículos.
El Ministerio Fiscal, después de escuchar la versión de los múltiples testigos, siguió con su escrito inicial y solicitó la pena de 4 años y 6 meses de prisión por un delito de estafa continuada agravada con efecto de multirreincidencia. La Defensa, por su parte, pidió la libre absolución de su representado ya que a su juicio no quedaron acreditado los hechos.
Los diferentes testigos siguieron una línea de declaración, la mayoría coincidentes, señalando que el acusado trabajaba como corredor y mediador de seguros. Todos explicaron que era conocedor de que hacía contratos de seguros de coches y motocicletas a menor precio pero jamás imaginaban que era una estafa.
Los denunciantes señalaron que pagaron diferentes cifras, entre 100 y algunos incluso 400 euros, y que una vez que el acusado recibía ese montante les enviaba una copia de lo que parecía ser el seguro contratado, pero nunca llegaba a realizar ese pago para que el seguro se tramitara.
Las víctimas explicaron que llegaron a hablar con las aseguradoras y que en algunas casos se les había dado de alta pero al día siguiente automáticamente se cursó la baja.
Algunos de los afectados se enteraron de lo que pasaba cuando fueron interceptados en un control de carretera o en la propia frontera del Tarajal y se les hizo ver que no tenían seguro. Señalaron en esta vista judicial que tienen denuncia de hasta 1.500 euros que se ha visto incrementada a 1.800 por no haber efectuado el pago en plazo.
Indicaron que el acusado les prometía que eso había sido un error y que ya estaba subsanado por lo que no pagaban la multa hasta recibir un advertencia del Ministerio de Hacienda.
Entre esas deudas, una pareja afectada indicó que tienen la nómina embargada debido a no poder hacer frente al pago de la multa. Todos los denunciantes aseguraron que el acusado nunca les dijo que tenían que hacer un pago extra para formalizar el seguro en un plazo de 30 días.
Los agentes de la Policía Nacional que declararon señalaron que recibieron un gran número de denuncias, todas con un mismo patrón, lo que les llevó a crear un único atestado y trabajar de la mano con el Juzgado de Instrucción número 1. “El acusado se dedicaba a contratar las pólizas con las compañías de seguros si bien, al no abonar la cantidad acordada, esas pólizas quedaban anuladas a las 72 horas”.
En lo que se refiere a la declaración del acusado, se limitó a negar que tuviera relación en los hechos y aseguró que él también era un perjudicado de otras dos personas que eran las que se quedaban con el dinero.
Señaló, en varias ocasiones, que ha sido una caza de brujas hacia su persona y que todo quedó tramado una vez que entró en prisión. “Me vinieron todas las denuncias una vez entré en prisión, han ido al más fácil ya que cuento con antecedentes penales por este delito. Lo que es seguro es que yo no he vuelto a delinquir desde que me condenaran en 2012”, apostilló.
En el turno de la última palabra, el acusado señaló que él también se siente un perjudicado y engañado.
Los múltiples denunciantes y la Policía Nacional defendieron que el acusado siempre utilizaba la misma estrategia para llevar a cabo la estafa.
Los agentes señalaron que en este juicio había 12 perjudicados, pero que recibieron muchas más denuncias que no quisieron seguir adelante.
Las víctimas se dieron cuenta de que circulaban sin seguro al ser interceptadas en controles de carretera o al cruzar la frontera.
La investigación fue judicializada por el juzgado de instrucción número 1 y estuvieron dirigidos por los integrantes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
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