El
nuevo sistema de bonificación a la Seguridad Social para trabajadores y empresas de Ceuta y
Melilla entrará en vigor este viernes 1 de septiembre. Un desenlace al que se opone el presidente de la ciudad autónoma vecina, el popular Juan José Imbroda, quien ha anunciado este miércoles que se dirigirá al ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, para solicitar la paralización "urgente" de dicha normativa. Una petición realizada ya en numerosas ocasiones por el mandatario ceutí, Juan Vivas, que comparte la misma inquietud que su análogo de Melilla. Según ha expuesto Imbroda, la aplicación de la nueva norma -que prevé sustituir el 50% actual por un importe fijo mensual de 262 euros al mes limitado a indefinidos- podría significar una pérdida de 80 euros mensuales para los trabajadores de sendas localidades, así como un riesgo para la estabilidad económica de las pequeñas y medidas empresas (pymes) ceutíes y melillenses. Un dato aportado tras reunirse con asesorías y gestorías para abordar los efectos de la eliminación del actual sistema de bonificación a la Seguridad Social. "He pedido al ministro Escrivá la suspensión durante seis meses del real decreto de las bonificaciones", ha explicado Imbroda, quien considera que "perjudica" tanto a empresas como trabajadores de su ciudad. Un perjuicio que se hace extensible al territorio caballa. En este tiempo espera poder "estudiar las dudas y temores que plantea" ante la posible pérdida de la bonificación del 50% a la Seguridad Social en ambas ciudades. Imbroda ha pedido al
PSOE y a la Delegación del Gobierno en Melilla, que dirige la socialista Sabrina Moh, que se sumen a esta demanda.
En este sentido ha subrayado que "es un asunto de ciudad" y que "no es solo del PP, sino también para atender las demandas de empresarios y entes preocupados por este tema". La primera autoridad melillense ha avanzado que su petición al ministro para solicitar la paralización del real decreto en Ceuta y Melilla está acompañado de un informe realizado por asesorías y gestorías donde se expongan "esas dificultades y deficiencias que supone la aplicación" de los cambios que ha planteado el Gobierno de la nación.