La Ciudad Autónoma y la Seguridad Social se han reunido este jueves para aplicar el acceso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a personas sin hogar en el ámbito de Ceuta.
En concreto se está acordando el protocolo para que Servicios Sociales como entidades mediadoras acrediten situaciones como la de personas en situación de riesgo de exclusión social para las personas que vivan juntas sin vínculos o de quienes se encuentren empadronados en “domicilio ficticio (personas sin hogar)".
La Delegación del Gobierno en ceuta abre la puerta a que, en un futuro, podrían hacerlo también otras entidades sin ánimo de lucro, colaboradoras con Servicios Sociales, y acreditar esta situación.
Otros colectivos vulnerables
El Consejo de Ministros aprobó en febrero un Real Decreto Ley en el que se incluyen medidas para facilitar el acceso al IMV a personas vulnerables. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso estas medidas tras una primera evaluación del alcance de la prestación y tras haber mantenido reuniones con entidades del tercer sector, que analizó las dificultades de acceso.
En concreto, la primera de las medidas va destinada a facilitar el acceso a personas sin hogar. La nueva norma suprime el límite de titulares por vivienda para personas en situación de sinhogarismo o que residen en centros residenciales de carácter no permanente, además de reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda.
Además, se ha introducido el concepto de unidad de convivencia independiente (familia nuclear) en casos de mujeres violencia de género, divorcio o separación, así como afectados por desahucio o inhabitabilidad para permitir el acceso a la prestación. Los dos últimos con límite temporal (la consideración expirará al tercer año) para que una situación sobrevenida no influya en el derecho a IMV.
Finalmente, también se posibilita que en otras situaciones de convivencia complejas la acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector social subsidiaria y transitoriamente.
Esta solución es similar a la planteada por muchas comunidades autónomas a la hora de acreditar las unidades de convivencia para acceder a sus programas de rentas mínimas.
