Hoy, 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde su declaración oficial en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas, esta fecha tiene como principal objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, y lograr una sociedad lo más inclusiva y accesible posible. Para el Partido Popular, las políticas de discapacidad siempre han ocupado un lugar prioritario en su agenda política, tal y como acreditan las reformas llevadas a cabo para mejorar su calidad de vida. Por ello, el PP reitera su firme compromiso con todas las personas con discapacidad y su disposición para trabajar con el objetivo de potenciar su inserción laboral y reforzar su protección en el ejercicio de sus derechos. Prueba de ello es la voluntad de consenso del PP para alcanzar un acuerdo sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución española, siguiendo el anuncio del presidente, Alberto Núñez Feijóo, este mes de junio, para adaptar su redacción a los más altos estándares de inclusión. También debemos recordar que fue un gobierno del Partido Popular el que aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptándonos a la normativa de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012–2020. Pese a los avances conseguidos, uno de los principales ejes en los que consideramos imprescindible seguir trabajando es el laboral, ya que el empleo constituye una de las herramientas más potentes para alcanzar una inclusión social plena. Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene trabajo en nuestro país, algo que afecta especialmente a las mujeres: son casi el 60% de las personas con discapacidad. Los gobiernos del PP tienen acreditado su apoyo al empleo, ordinario y protegido, de las personas con discapacidad. Del año 1996 al año 2004, el Gobierno de Aznar triplicó el empleo de personas con discapacidad. Y del 2012 al 2018, el Gobierno de Rajoy incrementó en 225.000 las personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social, incluyendo una reserva del 2% de los puestos de trabajo para ellas en empresas de 50 o más trabajadores. También promovió mejoras en la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. En esa línea, una vertiente importante del empleo protegido la constituyen los Centros Especiales de Empleo. Por ello, nos preocupó la redacción del anteproyecto de ley de Incentivos a la Contratación Laboral y otras Medidas de Impulso y Mantenimiento del Empleo Estable y de Calidad del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La versión conocida de la norma tras el proceso de consulta pública preveía eliminar el sistema de incentivos y subvenciones que sostienen la empleabilidad de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, afectando además a empresas ordinarias y Centros Especiales de Empleo. Afortunadamente, gracias al trabajo de las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad, así como a las alertas del Partido Popular, parece que el Gobierno ha rectificado y mantendrá los incentivos y bonificaciones existentes. Frente a estos cambios de criterio, en el PP ponemos en valor los Centros Especiales de Empleo y defendemos el mantenimiento de las bonificaciones a la Seguridad Social y la actual subvención del salario mínimo interprofesional. En suma, el Partido Popular seguirá trabajando por la igualdad de oportunidades, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y sus familias. Fomentaremos el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso al empleo, eliminando cualquier barrera para lograr su autonomía personal y familiar.