La Comisión Informativa de Medio Ambiente y Servicios Urbanos volverá a reunirse mañana para emitir su dictamen definitivo sobre el cambio de la forma de gestión del servicio público de
transporte colectivo en autobuses urbanos de Ceuta, que se municipalizará en dos semanas, como paso a su aprobación al Pleno antes del próximo 28 de diciembre.
La concesionaria durante el último más de medio siglo, la
empresa Hadú-Almadraba, no ha facilitado el trasvase con transparencia.
Por ejemplo, según los informes que obran en el expediente confeccionado por la
Ciudad, ha alegado “diversos motivos” para no facilitar las nóminas de los que hasta ahora han sido sus
trabajadores, que una vez subrogados en
Amgevicesa pasarán a cobrar “aproximadamente 500 euros más al mes por trabajador”.
Además, previsiblemente habrá que contratar más personal, ya que “en la empresa privada se exigían 40 horas de jornada laboral semanal, mientras que en la pública serán 35”.
“Esto pudiera constituir a Amgevicesa en la obligación de tener que contratar nuevo personal además del cedido para poder cumplir con el servicio de forma adecuada”, advierten los técnicos, ya que también hay una diferencia notable de días de asuntos propios en una y otra organización: de uno al año a ocho.
La hipótesis de seguir aplicando a esos trabajadores su convenio anterior se ha asumido como de “difícil cumplimiento”, ya que ser amparados por el de Amgevicesa “parece un derecho que se hará efectivo en cuanto se produzca su contrato”.
La Ciudad baraja tres escenarios de inversión en nuevos autobuses para renovar la flota que va a comprar a Hadú-Almadraba por casi medio millón de euros que exigirán un desembolso de entre 1,7 y 3,7 millones, pero la Intervención no está segura ni de que la concertación de créditos desde la sociedad municipal vaya a ser más barata que desde una empresa privada ni de que en 2023 se vayan a recuperar los 5 millones de viajeros transportados en todo el ejercicio.
Sí se da por seguro que habrá “una economía en la cuenta de explotación” con la supresión del beneficio industrial, que para Hadú-Almadraba supuso 236.143 euros en 2019, el último año antes de la pandemia.
La memoria elaborada para fundamental el cambio en la gestión da por seguro un ahorro en la prestación del servicio procedente de un menor esfuerzo de financiación pública del billete que alcanza el importe de 0,02 euros por viajero.
A juicio de los autores de ese informe “parece indudable que la asunción del servicio a través de una sociedad mercantil local, es favorable en términos de sostenibilidad”.