Hay asuntos históricos que regresan cuando una sociedad está preparada para formular las preguntas que durante décadas prefirió eludir. La responsabilidad de España por la violencia ejercida en el Rif es uno de ellos. Si algún día el Estado español decide reconocer formalmente las atrocidades de la guerra colonial y pedir disculpas, debe tener claro que el perdón tendría que dirigirse a los rifeños y jamás al Estado marroquí.
La diferencia no es semántica; es histórica y política.
El proyecto imperial español en el norte de África estuvo marcado por la debilidad económica, militar y diplomática. Tras la crisis de 1898, Madrid buscó en el sultanato jerifiano una vía para recomponer su prestigio internacional. España llegó tarde al reparto colonial y con menos recursos que otras potencias europeas, pero esa posición periférica no alteró la crudeza de su empresa: hubo ocupación, castigos colectivos, bombardeos e, incluso, el uso de armas químicas contra las poblaciones que se resistían.
La precariedad del imperialismo español no debe confundirse con la inocencia. Aunque carecía de medios para construir un imperio como el francés o el británico, el Estado recurrió a la violencia extrema como eje de dominación. En el Rif, esa violencia adquirió además una dimensión simbólica: el “moro” fue transformado en el enemigo por antonomasia, la alteridad frente a la que España definía su nación y su supuesta misión civilizadora. La memoria posterior prefirió celebrar la victoria militar y difuminar la naturaleza puramente colonial del conflicto.
Por eso, un eventual perdón no puede plantearse como un mero trámite diplomático. La pregunta clave es: ¿a quién debe España reconocer como víctima de aquella violencia?
Para responder, resulta indispensable evitar el anacronismo de convertir retrospectivamente al Rif en un sinónimo de Marruecos. Que la región estuviera incorporada al ámbito político del sultanato jerifiano no significa que el Estado marroquí contemporáneo sea el sujeto histórico de aquellos acontecimientos. La resistencia encabezada por Abdelkrim fue una experiencia política propia, enfrentada al colonialismo europeo, pero también en conflicto directo con el poder del sultán y las estructuras centralistas del Majzén. El Marruecos nacido en 1956 no puede adueñarse de ese pasado.
Esta distinción es crucial por razones estrictamente contemporáneas. Las disculpas históricas nunca se formulan al margen de las relaciones de poder. España y Marruecos mantienen hoy una agenda compleja donde convergen la soberanía de Ceuta, Melilla y las plazas menores; las aguas canarias; la cuestión del Sáhara Occidental y su espacio aéreo; la gestión migratoria; y la seguridad. Rabat, habituado al uso de herramientas en la zona gris, no tardaría en incorporar un reconocimiento español a su narrativa de agravios, convirtiéndolo en un recurso de presión diplomática y legitimación interna.
Sería un grave error.
No porque España deba silenciar su pasado por temor a las consecuencias. Al contrario, una democracia madura asume sus responsabilidades históricas sin pedir permiso a gobiernos extranjeros. Sin embargo, reconocer una culpa no obliga a transformarla en una deuda bilateral. España puede asumir la violencia colonial que ejerció sin otorgar al Estado marroquí la representación retrospectiva de las víctimas. Hacerlo provocaría que un gesto destinado a reparar a los rifeños terminara reforzando al mismo poder estatal que hoy los margina.
"Si España decide pedir perdón por la Guerra del Rif, ese reconocimiento debe dirigirse a los rifeños como víctimas de la violencia colonial, y no al Estado marroquí, cuya trayectoria histórica y política es distinta"
Tras la independencia de 1956, el Rif volvió a sufrir una relación traumática con el poder central, marcada por la sangrienta represión de las revueltas de 1958-1959 y una postergación económica que llega hasta el presente. Recordarlo no busca relativizar los crímenes españoles, sino evidenciar por qué el régimen alauí no puede ocupar el lugar de las víctimas.
Los perdones, si aspiran a reparar, deben identificar con precisión a sus destinatarios.
Si España decide disculparse, debe separar tres planos de forma nítida: la responsabilidad histórica española (terreno de la memoria y la justicia), la trayectoria singular del Rif (reconociendo que su historia no se reduce a la del Estado que hoy lo integra) y las relaciones actuales con el Reino de Marruecos (terreno de la diplomacia).
Confundir estos planos solo beneficiaría al actor equivocado. No se trata de pedir perdón a Marruecos por dañar a Marruecos; se trata de pedir perdón a los rifeños por haberlos sometido a una guerra colonial. Este paso no sería un gesto de hostilidad hacia Rabat, sino una forma saludable de blindar la memoria frente a la geopolítica. España no debe temer a su historia, pero tampoco puede permitir que otros Estados la utilicen para dictar su política exterior del presente.
Christian Fernández Horcas
Historiador especializado en el área de Historia Contemporánea.
A la luz del derecho internacional público, el argumento del artículo parte de una perspectiva ética e histórica, pero se enfrenta a obstáculos legales y diplomáticos. Dado que la región del Rif forma parte, legal e históricamente, del Estado marroquí, España solo puede actuar internacionalmente mediante el diálogo entre Estados. Consciente de su propia experiencia con el terrorismo de ETA y los movimientos secesionistas internos, España comprende mejor que nadie la importancia de respetar la integridad territorial y el monopolio del Estado central en la representación de sus ciudadanos.