El último informe TIMSS sitúa a Ceuta como la región con menor porcentaje de estudiantes (15%) escolarizados en centros “ni favorecidos ni desfavorecidos” en términos socioeconómicos, es decir, en los que la tasa de alumnado procedente de hogares favorecidos no es relativamente menor ni mayor que la de los de hogares desfavorecidos. Un 42% de los jóvenes caballas estudia en colegios en los que más del 25% de los estudiantes matriculados proviene de hogares económicamente acomodados y no más de un cuarto de unidades familiares económicamente desfavorecidas y un 44%, en centros donde se da la misma situación en sentido inverso, es decir, en los que es mayoría el perfil con menos recursos.
Hasta ahora esta situación se había interpretando y asumido como una consecuencia directa del reparto geográfico de la riqueza en Ceuta, donde la pobreza y las necesidades están también evidentemente repartidas de forma no equitativa entre distritos.
Un informe de la oenegé Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol acaba de poner de relieve el alto grado de “segregación” escolar que se da en España en general (y en Ceuta en particular) y ha advertido que “distintos estudios muestran que más allá de la estructura residencial de ciudades y regiones y de la doble red pública-concertada, las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar”.
Considerando “las dificultades del debate” y “dejando de lado las cuestiones ideológicamente más irreconciliables”, sus autores han plantado “una propuesta viable para empezar a reducir la segregación escolar respetando la existencia de los conciertos y apostando por un espacio de elección razonable para las familias” que apuesta, en primer lugar, por “aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en los baremos de admisión”.
Antes de la publicación de este análisis, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ya ha comenzado a avanzar por esa línea: en la escolarización para el próximo curso, cuyo plazo ordinario de presentación de solicitudes se abrió el pasado jueves, se concederán cuatro puntos a las peticiones de familias con rentas iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 950 euros al mes) y dos a las de aquellas con ingresos comprendidos entre una y dos veces ese indicador.
Si se trata de unidades perceptoras de la Renta Mínima de Inserción se asignarán seis puntos, sólo por debajo de que el domicilio o el lugar de trabajo de los progenitores se encuentre en el área de influencia del centro predilecto (8).
De acuerdo con los autores del estudio, para aumentar la diversidad en los centros “es necesario aumentar el peso de los criterios socioeconómicos (renta o nivel educativo familiar)” y “eliminar” los puntos por familiar antiguo alumno o discrecionales en los baremos de prioridad que otorgan aún más ventaja a las familias de rentas altas”, criterios que se mantienen en el baremo del Ministerio en Ceuta para el próximo curso.
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